Tienes derecho a saber

El Día mundial de Acceso a la Información se conseguirá en Venezuela con una de las peores deudas de su historia: los ciudadanos se mueven a oscuras ante una dictadura opaca.

Quien gobierne debe rendir cuentas. No es un favor. No es una dádiva. No se trata de hacer campañas de logros y cifras. Quien gobierne debe rendir cuentas porque está a nuestro servicio. Trabaja para nosotros, usa nuestro dinero y toma decisiones que afectan nuestras vidas, así que sus funciones deben estar bajo el escrutinio público. Tener poder en realidad es estar al servicio. Esto al menos es el escenario deseable.

En entornos como el venezolano, el acceso a la información, por el contrario, se ha convertido en una aspiración cada vez más difícil de lograr. En Venezuela, la información pública escasea tanto o más que la comida. Decir eso, cuando la gente se rifa quién es el próximo en escarbar la basura y cuando llega otro Día Mundial del Acceso a la Información, no es exagerado. Por el contrario, el caso local demuestra cómo puede romperse una democracia, cómo quebrar una sociedad, empezando desde lo más básico: ocultar información.

En la actualidad, los venezolanos están en un rango inferior al de ciudadanos. La dictadura aún no decide si tratarlos como súbditos o como reservas de futuras proteínas. Por eso ha impuesto la lógica militar de “no mostrar información al enemigo”, porque revelar sus posiciones podría hacerlos débiles. En este caso, los enemigos son todos los civiles. Otra manera de tratar a la ciudadanía como incapacitados es considerar que alguna información debe ser resguardada porque no sería bien recibida por la opinión pública. Entre estas se incluye, por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela no informe mensualmente la tasa de inflación y otros indicadores económicos para no generar pánico o zozobra entre la población. La organización Transparencia Venezuela ha denunciado que ninguno de los 32 ministerios venezolanos cumple con la Ley Interamericana de Acceso a la Información.

Lo que ocultan

Esconder información viola derechos humanos porque no solo atenta contra la transparencia de la gestión pública y aumenta las posibilidades de que haya mayor corrupción, sino que también le impide a la gente tomar mejores decisiones. De hecho, una democracia puede fortalecerse con información de mayor calidad y con la máxima posibilidad de divulgación posible. En ese sentido las plataformas digitales facilitan mucho la tarea, porque pueden incluir repositorios que sean accesibles desde cualquier lugar a cualquier hora. La buena información es como la buena nutrición. Negarla significa condenar a la gente a estar perdida y a merced de la propaganda oficial. Pero también algo peor: significa no atender las alertas tempranas que luego se transforman en crisis.

Ninguno de los 32 ministerios venezolanos cumple con la Ley Interamericana de Acceso a la Información.

En Venezuela el chavismo no solo oculta las cifras de inflación, que no han dejado de aumentar, sino que también se ha encargado de entorpecer, blindar, manipular y, en algunos casos, hasta dejar de recoger y procesar datos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento de cualquier gestión pública que desee al menos preservar la vida de sus ciudadanos y el sostenimiento de la república.

  • Se ocultan los boletines epidemiológicos. Así que han pasado desapercibidas algunas epidemias, que no son pocas ni leves en estos momentos. La situación es tan vergonzosa que no solo se descuidó la malaria, sino que algunos reportes parciales venezolanos se conocen por el Ministerio de salud de Cuba, o por reportes de enfermos que salen de las fronteras y van a parar a Guyana o Uruguay, como unos casos recientes de malaria. La página web del ministerio de salud reporta cada vez más fallas y responde a caprichos temporales que haya boletines accesibles o no, anteriores al años 2014.
  • Se oculta la tasa de homicidios. Y lo mismo sucede con incidencias de robos y todo lo que puede ayudar al Estado a controlar la inseguridad y la violencia. La data de homicidios se conoce parcialmente por fugas de información, por conflicto entre instituciones, por la pericia de periodistas que consiguen insumos con fuentes cultivadas desde hace tiempo. Pero no hay un portal público y accesible que centralice los datos de todo el país, que detalle y discrimine los tipos de muertes, y que acabe por fin con la discrepancia entre organizaciones no gubernamentales, ministerios y los cálculos aritméticos del milico de turno.
  • Se esconden los salarios de los funcionarios. Así, algo que es absolutamente normal en otras sociedades se convierte en un tema tabú. Es tan prohibido este tema que la Contraloría General de la República se refugió hace años en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que resguardaba hasta las informaciones de la propia contraloría. En otras ocasiones ha dicho que requerirles información entorpece su trabajo. Lo que es evidente con este punto es que en muchas ocasiones el tren de gastos de los empleados públicos o su nivel de vida no coincide con sus ingresos formales. Tampoco muestran su declaración jurada de bienes. Y sin embargo la gente se da cuenta. Lo que falta es la certeza que brinda el dato que debería ser público.
  • Se impide conocer las licitaciones. Así que la gente no sabe qué empresas compitieron para realizar una obra y ganar una contratación. Tampoco se entiende por qué una opción es mejor que otra. La mayoría de las contrataciones públicas en Venezuela son adjudicaciones directas. Así que ocultar las licitaciones aumenta enormemente las posibilidades de que se comentan actos de corrupción, además de que por una cadena de complicidades, se ocultan sobreprecios, comisiones, fechas de entrega, calidad de los materiales y miles de datos que es un derecho de la gente saber. Suenan las campanas por Odebrecht y sus beneficiarios. Por la sobrefacturación en el sector eléctrico. Por los contratos quemados por Corpoelec. Por las deudas de Albanisa en Nicaragua que al final dejaron así.
  • Se corre el riesgo de afectar a la gente con agua sucia. Porque no hay pruebas públicas ni auditables sobre la calidad del agua que se bombea a los hogares. Tampoco se sabe en la actualidad si la gasolina es del octanaje que se promete. Ni las fechas de vencimiento de alimentos y medicinas que pasan por las manos de la revolución. Nada. Se escamotea y se diluyen las responsabilidades en agua pestilente.
  • No se entregan presupuestos ni se discuten deudas con la Asamblea Nacional. Por lo que el principal espacio de debate público del país queda excluido de la rendición de cuentas que deben hacer los responsables de la gestión.

Todo esto y miles de datos más dejan a la gente desvalida y sin saber siquiera qué reclamar, en dónde ni para qué.

Lo digital

Finalmente, al revisar qué ha pasado con el acceso a la información en Venezuela, se consiguen referencias a leyes y parrafadas chavistas sobre materias como la cultura libre, la interoperabilidad (una ley engavetada) y el software libre. Todas apuntaban a una cultura de acceso y apertura enlazada a las nuevas tendencias que facilitan a los ciudadanos la exigencia y seguimiento de la función pública. Esas tendencias mundiales, en manos de la revolución, se convirtieron en discusiones sobre qué grupo de poder iba a quedarse con esa tajada del presupuesto para desarrollo de software, cuál “cooperativa” de exempleados de ministerios se iba a ganar el contrato, y quién iba a guisar revendiendo código viejo y copiado como soluciones digitales. Pasaron los años y el estado venezolanos es más opaco que nunca antes. La opacidad de los datos permite proteger a muchísima más gente cómplice del desvío de presupuesto público. Por esa razón es que el acceso a la información está íntimamente relacionado con la percepción de corrupción, materia en la que Transparencia Internacional señala que estamos en el sótano del mundo.

Así que reclamar el libre acceso a la información pública en un día como hoy es bastante subversivo. Es atentar contra una estructura de relaciones y negociados que mantiene el control sobre la renta petrolera, el endeudamiento y la vida de la gente. Por eso es el mejor día para conocer a la Coalición Proacceso y conseguir un área específica en la que podamos reclamar más data. Toda la posible. Para no solo decir que el rey está desnudo, sino también para revelar con rayos X los dediles que transporta.

Luis Carlos Díaz

Glocal journalist, cyberactivist and knitter of networks. I speak about technology and politics where I am invited. I also cook.