La vida oculta de los buhoneros caraqueños

La dinámica económica de los vendedores ambulantes de Venezuela sigue siendo elusiva. Pero más de 100 entrevistas con buhoneros revelan cárteles, gremios comerciales no oficiales, una feroz competencia estacional y el control –a veces mediante la violencia– de calles enteras

El sector informal juega un papel fundamental en la economía venezolana. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2022 de la Universidad Católica Andrés Bello, el 44% de la fuerza laboral se encuentra en la economía informal. El panorama probablemente no ha cambiado mucho desde entonces: según la última edición de la Encuesta Ómnibus  de Datanálisis, el 7% de la población activa de Venezuela se desempeña como buhonero. 

Sin embargo, este segmento de la economía sigue estando poco estudiado, principalmente debido a su naturaleza esquiva. De todos modos, como parte de nuestra tesis universitaria sobre la organización industrial de los negocios comerciales informales en Caracas, entre octubre y enero entrevistamos a aproximadamente cien buhoneros alrededor de Caracas, lo que surgieron algunos patrones interesantes.

En primer lugar, comprendimos cuán tenue es la relación entre las autoridades formales y la economía informal. Mientras que las empresas y los trabajadores de la economía formal –en condiciones ideales– dependen de la ley y de las instituciones estatales para resolver disputas, el sector informal, por diseño, opera fuera de su alcance. El grado de intervención de las autoridades pasa de casi nulo en zonas como Petare o Catia, a una presencia diluida principalmente para mantener a raya al crimen organizado en lugares como Quinta Crespo y La Candelaria. En las primeras, los colectivos chavistas aprueban quiénes pueden vender en la zona y les asignan un lugar. En las segundas, el municipio da autorización para operar (sólo verbalmente desde la pandemia) y las fuerzas de seguridad patrullan en mayor número.

De hecho, en las áreas donde los buhoneros disfrutan de un mayor grado de libertad respecto del Estado, los nuevos competidores experimentan entornos más hostiles. En La Candelaria, un entrevistado nos dijo: “¿Quieres que te diga la verdad? No dejo que nadie venda lo mismo que yo, mi familia controla la cuadra y a cada quien le toca vender y cuidar una calle”. En esa zona, los comerciantes informales están tan autoorganizados que muchas calles tienen un representante que negocia con la policía u otros actores en su nombre.

Sandoval y Perillo entrevistan a una vendedora ambulante en Caracas para su tesis.

Cosas similares suceden en los alrededores del Mercado de Quinta Crespo, donde la mayoría de los entrevistados declaran que, aunque las fuerzas policiales tienen poca presencia, allí no opera el crimen organizado (no ocurre lo mismo a unas calles de distancia). De hecho, al realizar encuestas en Petare, los comerciantes pidieron permiso a los colectivos para responder nuestras preguntas, el cual fue concedido.

Petare también reveló “cartelización” entre los buhoneros: es decir, los comerciantes se confabulan para fijar el precio y la cantidad de sus productos. Allí un vendedor de verduras nos dijo que, si dos o más buhoneros venden productos similares, usualmente se comprometen unos precios comunes, y si alguno no lo hace “le caemos entre varios para que respete el acuerdo”. En la zona, los vendedores de perros calientes también formaron una asociación informal de afiliados para fijar los precios de sus productos.

En algunos sectores del bulevar de Sabana Grande los vendedores ambulantes crearon informalmente organizaciones similares a cámaras empresariales, donde todos los afiliados discuten, entre otras cosas, quién vende qué y dónde, recurriendo por supuesto a métodos no convencionales para asegurar que todos se mantengan en línea.

La estacionalidad, otra dinámica económica, también está presente entre los buhoneros, ya que ciertas estaciones atraen a más personas al comercio informal y alteran este status quo. Por ejemplo, una señora mayor que vende frutas en un carrito de supermercado viejo afuera del Mercado de Quinta Crespo nos dijo: “No puede ser que yo me tenga que quemar todos los días, todo el año bajo el sol, pa’ que venga un extraño, venda en el mejor mes y se vaya”. Más tarde nos dijo: “el próximo nuevo que vea va a saber cómo es que es la cosa”.

Durante los últimos días de diciembre se publicaron numerosos videos en redes sociales que mostraban cantidades masivas de buhoneros en La Hoyada, Catia y Sabana Grande. Es justo suponer que las hostilidades alcanzaron nuevos niveles en esos lugares porque, al mismo tiempo, encontramos un aumento de vendedores ambulantes en lugares con mucha menos competencia. “Ya no cabe otro más”, dijo un heladero en el casco histórico de Caracas, “ganarle algo está difícil”.

Esa competencia feroz es de esperar en un país donde el 81,5% de la población vive bajo pobreza de ingresos, según la última ENCOVI, y en el que el consumo se orienta principalmente a satisfacer las necesidades más básicas en lo que se ha descrito como “una economía en la base de la pirámide de Maslow”. Es obvio que es necesario construir un camino hacia la formalidad, pero esto ha sido un desafío histórico para los países en vías de desarrollo.

Afortunadamente, existe cierto consenso sobre las políticas que pueden ayudar en este esfuerzo. En primer lugar, el costo de la legalidad debería ser bajo: si las regulaciones laborales son estrictas y costosas, más personas contratarán fuera de la ley. Por ejemplo, cuanto más largo y costoso sea el proceso de registro de una empresa, menos interés habrá en hacerlo. Pero en Venezuela, según el centro de estudios CEDICE, una pequeña empresa suele perder alrededor de 945 horas en unos 68 procedimientos legales para comenzar a operar. Es el país de la burocracia.

El acceso a los servicios financieros y a los microcréditos también cambia las reglas del juego, como lo demostraron el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus y el Grameen Bank. Pero en Venezuela, el crédito representa sólo alrededor del 1% del PIB, bastante lejos del promedio regional del 40%, similar a los niveles de Venezuela antes de la crisis. De hecho, la oferta de crédito se concentra mayoritariamente en los sectores manufacturero y agroindustrial, fuera del alcance de las pequeñas empresas y los consumidores, según la Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanálisis. También se recomienda ofrecer cierta capacitación en contabilidad, derecho y en adquirir habilidades que sean rentables. Aunque muchos economistas esperan un mejor desempeño de la economía durante 2024, lo más probable es que el número de buhoneros no disminuya. La informalización de las actividades productivas es –intencionalmente o no– fomentada por el gobierno venezolano. La bonificación de los salarios en el sector público, hasta el punto en el que los bonos superan ampliamente el salario mínimo en el “ingreso mínimo”, la extrema voracidad fiscal, el alto costo del registro de empresas y la inaccesibilidad a los préstamos bancarios incentivan la informalidad. Por ello, estos pequeños ecosistemas, endémicos de cada calle y esquina, seguirán prosperando y seguirán acompañados de su oligopolio en el uso de la fuerza.