Ariadna y Lindomar, dos víctimas más de la sangría post-electoral
Ariadna Pinto, una joven diabética de 20 años, nunca se recuperó tras enfermar en prisión. Lindomar Amaro, de 27, se quitó la vida en Tocorón #NowWhatVenezuela


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Mientras Maduro hace show, la muerte por goteo continúa
Mientras Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello protagonizaban un espectáculo mediático al estilo del caso Elián González con la llegada de Maikelys Espinoza—una niña separada de su madre por las políticas migratorias de Donald Trump—las muertes por goteo continúan en las cárceles venezolanas. Sobre esto, como cabía esperar, el chavismo guarda silencio.
Desde las elecciones presidenciales, ya son cinco los presos de la represión post electoral fallecidos bajo custodia, víctimas de la desidia y el abuso de los cuerpos de seguridad y los jueces. Desde 2015, la cifra total de presos políticos muertos en prisión asciende a 19. El daño físico y psicológico que puede causar un encierro prolongado en centros como Tocuyito, Tocorón o los calabozos del CICPC puede ser irreversible y, en algunos casos, mortal.
Es el caso de Ariadna Pinto, excarcelada a finales de 2024, cuatro meses después de ser acusada por terrorismo e incitación al odio por una jefa de calle de una UBCh en Cojedes. Su diabetes tipo I se agravó debido al encierro y la ansiedad: presentó retención de líquidos, convulsiones y descompensaciones en sus primeros días, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Tras una primera hospitalización en agosto, fue nuevamente ingresada en septiembre por un cuadro severo de hiperglucemia. Durante ese tiempo, permaneció esposada y “en condiciones humillantes” hasta que fue excarcelada el 7 de diciembre.
Este año, Ariadna tuvo que ser hospitalizada varias veces. La insuficiencia renal que desarrolló en prisión se volvió crónica. Murió el 10 de mayo, de un paro respiratorio, tras su última hospitalización a finales de abril. Ariadna sólo tenía 20 años.
Antes se conoció el caso de Lindomar Amaro, un mototaxista de 27 años también detenido después del 28 de julio. Según reportes, se quitó la vida la semana pasada en su celda en Tocorón—la antigua base del Tren de Aragua—y ya lo había intentado antes.
“Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión [de Lindomar] por no contar con los medios para trasladarse”, apuntó CLIPPVE. “Esta tragedia expone con crudeza la injusticia y desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables”.
Caso Torres: persecución a defensores de derechos
El fiscal general Tarek William Saab se pronunció sobre Eduardo Torres, abogado de Provea especializado en derechos humanos y laborales, desaparecido desde el 9 de mayo. Para Provea, este pronunciamiento equivale a que el Estado reconoce que detuvo a Torres; para el fiscal general sirvió para mantener la opacidad pero cubriéndolo de acusaciones.
Torres ha defendido a líderes sindicales que hoy son presos políticos del régimen y, recientemente, a trabajadores del sector público que protestaron por sus bajos salarios. Una jueza en Caracas había rechazado un recurso de hábeas corpus a favor de Torres. Ahora, Saab lo acusa de terrorismo, alegando que usaba talleres de formación ciudadana como “fachada para organizar focos de violencia” y sabotear centros electorales durante la consulta del 25 de mayo.
Más información: Saab amenazó a Óscar Murillo, director de Provea, por denunciar la desaparición forzada de Torres. Como señaló Arepita ayer, Saab no dio información sobre su paradero, por lo que se sigue considerando desaparecido.
Más trampas para el 25 de mayo
Las irregularidades se acumulan de cara a las elecciones regionales del 25 de mayo, que se perfilan como las más opacas y menos viables en la memoria reciente.
Durante el simulacro electoral, el chavismo eliminó el código QR de las actas de escrutinio, lo que sugiere que tampoco estarán presentes en la elección. Este código fue fundamental en el proceso del 28 de julio, ya que permitía a los testigos obtener con sus teléfonos la información relacionada con cada acta y difundir los resultados mesa por mesa, lo que facilitó el desconocimiento del resultado anunciado por el CNE.
“Eliminar el código QR del acta de escrutinio, con el silencio cómplice de los candidatos, es destruir una garantía esencial de transparencia electoral”, denunció la Plataforma Unitaria vía X. “Insistimos en la necesidad urgente de una negociación seria, basada en la verdad del 28 de julio, que permita una salida democrática, pacífica y sostenible a la crisis”. En efecto, como comentó el periodista Eugenio Martínez, los candidatos postulados en esas elecciones, como Henrique Capriles, no han protestado públicamente por la aparente eliminación del código QR.
Guayana Esequiba: un estado de papel
La elección de representantes por el recién creado estado Guayana Esequiba, proclamado como el 24º estado de Venezuela por el chavismo, apunta a ser otro “esperpento electoral”, según Eugenio Martínez.
El rector del CNE Conrado Pérez—quien asumió como principal tras la denuncia y exilio de Juan Carlos Delpino—había dicho que los votantes en dos municipios de Bolívar (incluyendo Sifontes, donde está Tumeremo, supuesta capital del nuevo estado) y uno de Delta Amacuro participarían en la elección. Pero la circunscripción oficial publicada por el CNE lo contradice.
Según esta nueva delimitación, sólo se votará en dos parroquias del estado Bolívar que ni siquiera pertenecen a Sifontes, lo que desliga totalmente la elección de la presunta capital.
Más información: Tal Cual también reporta que el nuevo estado tendrá 21.403 electores que elegirán seis diputados a la AN, la misma cantidad de curules que representan en el parlamento a estados existentes (y poblados por venezolanos) como Apure, La Guaira, Nueva Esparta y Amazonas. Los electores de esas dos parroquias de Bolívar también votarán por autoridades de ese estado, aunque, como señala Martínez, muchos quizás ni sepan que votan también por la Guayana Esequiba.
Lecturas recomendadas:
- Correo del Caroní: Otro reportaje de la serie Waraos: sobrevivir en tierra hostil explora la presencia de grupos armados en los caños de Delta Amacuro.
- Efecto Cocuyo: El 83% de las universidades venezolanas presenta daños graves en su infraestructura, según el Observatorio de Universidades.
- Versión Final: Douglas Rico confirma la detención del jefe del CICPC en Táchira y de otros cinco funcionarios por tráfico de cocaína.
- El Impulso: El 80% de la población ha sido víctima de ciberdelitos y phishing, según la Asociación Bancaria de Venezuela.
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