Caracas Chronicles

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Gente se queda sin casa y alimentos no bajan de la montaña

El pánico por las consecuencias económicas y materiales en Mérida es tal que los productores agrícolas en los pueblos en lo más alto de las montañas están desesperados por sacar sus productos, pero los puentes se han caído y las vías han quedado bloqueadas. El paso desde Mérida hacia Barinas y Trujillo está suspendido en este momento. Allá arriba, muy cerca de Trujillo, está el pueblo de Timotes, considerado el principal centro de acopio de hortalizas de Venezuela según el Diario de los Andes. Pero la Troncal 7—también llamada carretera Trasandina, que atraviesa el estado Mérida hasta llegar a Trujillo y conectar con el resto del país— está colapsada por el desborde del río más cercano a Timotes, el Motatán, “dejando a los productores incomunicados y con sus cosechas en riesgo de inminente pérdida”.

En esta entrevista con Román Lozinski, dos representantes gremiales le piden al Estado que se mueva y traiga maquinaria para despejar los derrumbes para que la cosecha no se pierda. Según El Pitazo, Maduro dijo que se abrirá una “vía provisional en la Troncal 7” para mover maquinaria y facilitar la asistencia estatal, mientras Miguel Torres, que preside la Cámara de Comercio de Mérida, dijo que se reabrió una vía “de emergencia” para que los camiones puedan suministrar alimentos al resto del país, pero no queda claro si esta medida podrá sostenerse a mediano plazo.

También colapsó un puente en Portuguesa que es parte de la Autopista José Antonio Páez, la vía principal que conecta a los Andes con los Llanos y el centro del país. Ese tramo no aguantó la crecida del río Ospino el miércoles y se desprendió por un lado. Por suerte la gente logró rescatar a los que iban pasando por ahí y nadie murió. El gobernador de Portuguesa dijo que se abrió una vía alterna a este cruce.

Más información: El Estado le dio acceso privilegiado a Madeleine García de Telesur para que cubriera la “Fuerza de Tarea Andes 2025” y reporte los trabajos en la Troncal 7. Dice que “en las próximas horas” se habilitará la vía para transportar insumos y alimentos. Veremos cuánto tarda realmente y si habrá también un despliegue militar para atender la emergencia.

“Requerimos abastecimientos de comida, agua potable, enseres, abrigos y cobijas. La situación es bastante grave”, dijo también Andrés Eloy Ramírez, quien lidera la Asociación de Productores del municipio Miranda, donde está Timotes y donde 102 familias quedaron damnificadas según la TV Calle. El mismo medio reporta que la capilla local fue destruida por el Motatán, como se puede ver aquí.

Hace apenas cuatro meses el gobernador de Trujillo Gerardo Márquez decía que entre su oficina y el Ministerio de Transporte iban a rehabilitar 14 puentes, que había planes de asfaltado para todos los municipios y que este sería el año del relanzamiento y de la grandeza de Trujillo (gracias al Diario de Los Andes por llevar registro de esto). Le toca triple esfuerzo en un difícil comienzo de su segunda gestión: Trujillo también se declaró en emergencia por un periodo prorrogable de tres meses. Campo Elías, uno de sus municipios, está aislado por el desbordamiento del río Boconó. Y en el municipio Niquitao un acueducto también sufrió por la crecida y sus habitantes perdieron el acceso a agua potable. En esta nota de Andrea Briceño, los habitantes lamentan que Niquitao no volverá a ser igual. El Diario de los Andes también reportó un hombre desaparecido tras los derrumbes en la vía Timotes-Valera.

En Táchira, el gobernador Bernal dijo que hay 240 viviendas afectadas y que pudo restituir el paso de una carretera binacional que conecta con Colombia. El río Táchira, que va desde allá hasta el departamento colombiano de Norte de Santander en Colombia, se ha desbordado cinco veces en los últimos dos meses. Estas fotos de La Nación muestran cómo la población fronteriza de La Parada ha quedado inundada. Bernal había presentado su Máster Plan en mayo para el desarrollo del Táchira (también reseñado por La Nación) y se jactó de que su relación directa con Maduro le garantiza inversiones y resolver problemas. A ver si eso es así ahora y los demás gobernantes andinos recibirán la misma asistencia.

Información nacional: El Estado ofreció un balance oficial sobre el total de los estados afectados: Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira principalmente. Maduro dijo que 8.826 familias quedaron damnificadas —es decir, sus integrantes quedaron sin vivienda—pero según sus números solo hay 370 viviendas afectadas. Parece que algo no cuadra ahí, pero veremos cómo evolucionan esos números. En este video subtitulado por nosotros en inglés, Destierro Climático explica por qué está pasando esto: no es un simple “desastre natural”, es una emergencia socio-ambiental donde una población queda expuesta por la falta de planificación e infraestructura necesaria para prevenir lluvias extremas.

Un hombre denunció extorsión y acabó grabando su propio asesinato

Un influencer de Maracay grabó vía TikTok cómo hombres armados entraron a su vivienda, donde su madre pegaba gritos de auxilio, y lo asesinaron en plena transmisión. Gabriel Sarmiento, de 25 años, había denunciado en un live anterior a policías corruptos que presuntamente lo intentaban extorsionar y que se habían cuadrado con las mega bandas Tren de Aragua y Tren del Llano, pidiéndole al Estado que investigue a las figuras que denuncia en los videos, incluyendo a un fiscal del estado Aragua.

Al final de su último video y ya herido de un balazo, Sarmiento continúa grabando y parece reconocer a uno de los hombres que irrumpieron en su casa, llamándolo por su nombre. Luego aparece otro, también con pistola en mano, y de inmediato suenan cuatro disparos antes de cortarse la transmisión. Diosdado dijo el viernes que ya los implicados están identificados, que hay un detenido y que el incidente fue un “hecho generado”, “vinculado con generación de hechos de violencia”.

Día del Periodista y actualización en la ONU

El viernes 27 de junio se celebró el Día del Periodista en Venezuela, en honor a un periódico anti-monárquico que fundó Simón Bolívar en Angostura, año 1818, en lo que hoy se conoce como Ciudad Bolívar. Lo hemos dicho muchas veces por aquí, pero hoy recordamos una vez más lo difícil que es hacer el trabajo, sobre todo desde Venezuela y en particular después del 28 de julio de 2024. Hoy hay 20 periodistas y profesionales de la comunicación presos, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que en su mayoría tienen las visitas prohibidas y no pueden contactar con sus propios abogados. Al menos otros 12 tienen procesos penales en curso.

Como cuenta Runrunes, el SNTP está haciendo campaña para recordarnos por qué el periodismo cuenta: es un vehículo esencial para exigir libertad y justicia, defender tus derechos, mantener cierta esperanza en la sociedad, y lleva un registro histórico de la violencia y el abuso. Aun así, hay temas sobre los cuales es muy peligroso reportar, como ahora el control de cambio y el canje de dólares a precios del mercado negro, y desde el año pasado, periodistas en medios críticos al régimen ya no firman con sus nombres sino con el nombre de la organización. En su editorial de ayer, el Correo del Caroní (que ha sido vital para este reporte semanal y es el medio referencia al sur de Venezuela) dijo que solo servir de vehículo para la denuncia social, como señala la línea del periódico, los confronta con la corrupción del gobierno política en el Estado y el empresariado. Aun así, pretende avanzar “a todo riesgo”.

Para cerrar, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, ofreció datos del caso de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. La nueva actualización tiene de todo un poco: denuncia la cultura de desapariciones forzadas, que puede durar entre 1 y 159 días; la falta de insumos y material médico en los hospitales que volvió a crecer en 2025; las paupérrimas condiciones de los trabajadores públicos, cuyos ingresos son menores a los $100 mensuales; el viejo abuso del Estado a los grupos indígenas que exigen la demarcación de sus territorios; y la violencia de género en las cárceles de Venezuela, que incluye incluye mujeres embarazadas, menores y trans.

La oficina del Alto Comisionado en Caracas sigue sin restaurarse, mucho menos los derechos del personal de la ONU a entrar y monitorear centros de reclusión a lo largo del país.