Caracas Chronicles

El gobierno venezolano necesita instalar una matriz en la que, bajo sus propios criterios autoritarios, caracterice y defina la reconfiguración de la oposición. Esa urgencia responde a la necesidad de ofrecer una respuesta mediática —tanto para la audiencia nacional como para la internacional— frente al fraude electoral perpetrado el 28J. No porque la legitimidad sea importante para sostener el poder o porque sea un requisito indispensable para atraer capitales extranjeros, sino porque las alianzas internacionales de todo el espectro político de izquierda —del cual Venezuela fue, durante al menos quince años, faro moral y pionera de la segunda ola progresista— constituyen el anclaje ideológico y la base de la robustez política de un proyecto que hoy se exhibe, sin disimulo, como antinacional y antipopular. 

En Venezuela, efectivamente, existe una nueva oposición, pero dista mucho de la que describe el gobierno.

Para entender por qué ha surgido, debemos remontarnos al momento en que comenzaron a vislumbrarse las medidas institucionales hacia la deriva autoritaria. Si bien durante los gobiernos de Hugo Chávez se usó el aparato judicial y administrativo para reducir el margen de acción de los adversarios, es desde el 2012 cuando las inhabilitaciones políticas, dictadas por la Contraloría General y ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia, se volvieron sistemáticas y han impedido que figuras clave compitan en elecciones, incluso sin sentencia judicial previa. Ha habido desde entonces 1.441 personas inhabilitadas para ejercer política. Este mecanismo autoritario e indiscriminado ha expulsado de la arena electoral a una cantidad de líderes que abarcan todo el espectro político de derecha a izquierda. 

La represión no se limita al veto electoral: decenas de dirigentes, activistas y militantes han sido desaparecidos, encarcelados y torturados por razones políticas. Desde las protestas de 2014 y 2017, el número de presos políticos ha fluctuado, pero nunca ha desaparecido, evidenciando que la cárcel funciona como advertencia y castigo. Los procesos judiciales suelen caracterizarse por la falta de garantías, el uso de tribunales militares contra civiles y el recurso a detenciones arbitrarias, en muchos casos acompañadas de denuncias de tortura y tratos crueles.

El liderazgo actual no convoca al diálogo con otras fuerzas, no promueve la construcción de una unidad estratégica y permanece atrapado en un discurso maximalista y utópico.

A esta represión individual se suma la ofensiva contra las estructuras partidarias. Desde 2012, el Tribunal Supremo ha intervenido 13 organizaciones opositoras, designando directivas ad hoc alineadas con el gobierno y controlando símbolos, tarjetas electorales y candidaturas. Este patrón de “judicialización” ha fragmentado la representación opositora, debilitando su capacidad de competir y confundiendo al electorado. Incluso partidos históricos han sido despojados de su dirigencia legítima, dejando en manos del gobierno la definición de quién representa legalmente a la oposición.

Después de este desmantelamiento del sistema de partidos el nuevo escenario es, en efecto, la construcción de una nueva oposición. Pero así como la represión ha atravesado todo el abanico de doctrinas y credos, la edificación de este nuevo tablero político refleja también esta misma heterogeneidad ideológica.

Si desmontamos el discurso de la propaganda, la del Estado y la de la oposición mainstream,  podemos identificar de manera más fiel, cómo está compuesta esa nueva oposición.  

Actores de oposición en el chavismo tardío

Hay tres grupos de actores principales que pueden distinguirse rápidamente, incluyendo uno nuevo en construcción. El primero está encabezado por un liderazgo legitimado en las elecciones del 28J, representado por el partido Vente Venezuela y la figura de María Corina Machado. El liderazgo actual no convoca al diálogo con otras fuerzas, no promueve la construcción de una unidad estratégica y permanece atrapado en un discurso maximalista y utópico, que pierde fuerza a medida que no se materializa.

El segundo bloque está compuesto por una oposición que es funcional a los intereses del gobierno. Lo integran pequeños partidos locales surgidos de escisiones de los liderazgos más jóvenes de la oposición tradicional —principalmente de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular—. Son organizaciones creadas en los últimos cuatro años, cuyos dirigentes han tenido experiencia política previa en consejos municipales de las alcaldías de las principales ciudades del país. Su presencia se concentra en zonas urbanas del centro del país, donde administran ciertas cuotas de poder local tácitamente permitidas. Estas cuotas fungen como simuladores de democracia por el mero hecho de participar en elecciones. 

Sobre este bloque de oposición, es importante destacar que la literatura política identifica claramente este tipo de oposiciones funcionales en contextos autoritarios. La politóloga Jennifer Gandhi, en su libro Political Institutions under Dictatorship, explica cómo las instituciones nominalmente democráticas —como parlamentos y partidos— se convierten en instrumentos estratégicos para que el régimen organice concesiones a la oposición potencial, con el fin de neutralizar amenazas y obtener la cooperación de sectores externos al núcleo del poder.

¿El chavismo tiene continuidad sin Chávez? ¿Y esa continuidad puede ser democrática y popular?

Un importante ejemplo de este acercamiento de la cúpula del poder con sectores que tradicionalmente han formado parte de la oposición, se manifiesta en la cooptación no solo de liderazgos políticos locales sino en sectores muy relevantes de la burguesía nacional. Este proyecto de construir un autoritarismo económicamente eficiente, comienza con las gestiones de Tarek El Aissami desde que asumió como Ministro de Petróleo, hasta su asunción como Vicepresidente Sectorial de Economía. 

El tercer sector que podemos identificar en la reconstrucción de la oposición, es víctima de la lógica autoritaria que fomenta la polarización. Carece de una identidad definida y de un relato propio, y no ha logrado romper con la dinámica dualista impuesta por el gobierno. Esto lo mantiene confinado a un estrecho margen, oscilando entre colaborar con las necesidades del autoritarismo y tratar de subvertirlo desde una lógica alternativa a la planteada por la oposición hegemónica. Su propuesta se orienta a construir una oposición nacionalista y dialoguista, capaz de enfrentar al gobierno sin acorralarlo y sin supeditar la transición a los apoyos internacionales.

Chavismo, ¿nueva fuerza anti-Maduro?

Cuando hablamos de la coalición opositora en construcción, nos referimos al chavismo. Tras la muerte de Hugo Chávez, las primeras preguntas que surgieron —dentro y fuera del chavismo— fueron si la continuidad del proyecto político era posible y, de serlo, si esta se daría mediante la alternancia democrática o mediante el secuestro del poder. Ninguna de esas respuestas quedó clara mientras Chávez estuvo al frente del gobierno.

La campaña opositora de 2013 supo leer correctamente ese momento político, con el lema “Maduro no es Chávez”, lo cual generó las dudas necesarias para atraer nuevas adhesiones más allá de su amplia base. Los votos del chavismo que migraron hacia Capriles permitieron un virtual empate técnico que hizo tambalear a un proyecto con rasgos autoritarios, pero que aún conservaba cierto legado de competitividad.

Las bases se mantuvieron firmes luego de 2013, y el primer éxodo chavista provino de una parte de la cúpula: Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Andrés Izarra, Jorge Giordani, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gabriela Ramírez, entre otros. La sostenibilidad de la red de adherencia se sostuvo principalmente gracias a las sanciones económicas y a las amenazas externas. El discurso de la “guerra económica” construido por el aparato de propaganda permeaba sobre una militancia enfocada únicamente en sobrevivir.

Por mucho tiempo, una nueva fuerza chavista no será un proyecto político viable en el poder, pero sí será para muchos, un sentido de pertenencia, identidad y posicionamiento frente a la sociedad.

A partir del desmontaje del Estado benefactor que comenzó en el primer gobierno de Nicolás Maduro, el desfinanciamiento de la educación y la salud públicas, y las políticas económicas que priorizaron el pago de la deuda externa por encima de reducir la brecha de desigualdad, comenzaron a evidenciarse diversas insatisfacciones en sectores del chavismo que aún no consideraban problemática la construcción de un Estado represivo y antipopular. Mientras la represión política se limitaba a violar los derechos humanos de la oposición de derecha, la izquierda, que no era reprimida aún, velaba por los intereses de su parcela: la judicialización de sus partidos, las luchas gremiales, etc.

Comenzaron entonces a surgir organizaciones de trabajadores y sectores populares que convocaban a organizarse en defensa de la Constitución, y derechos sociales y laborales ya perdidos. En ese contexto, el Estado trasladó su represión hacia los sectores populares mediante la creación de las FAES —un cuerpo de choque de la Policía Nacional Bolivariana—, lo que llevó a una organización rudimentaria de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales: personas sin militancia, pero claramente pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tras el desmantelamiento del Estado social, y luego del ajuste económico que se logró imponer con una represión criminal contra los sectores populares, el 28 de julio de 2024 irrumpe como el hecho político que fractura definitivamente la democracia participativa enarbolada por Hugo Chávez. Por primera vez en la historia, el chavismo debe mantenerse en el poder gobernando en contra de la voluntad popular. Esto marca un quiebre inédito para un proyecto que tuvo altísimos niveles de popularidad, y plantea un nuevo desafío para la cúpula gobernante, las Fuerzas Armadas y el chavismo histórico.

La lógica del terrorista imperialista se derrumba y, la valentía de quienes se enfrentan a la represión de la crítica suele ser contagiosa.

Es también a partir del fraude del 28J cuando un grupo de madres de presos políticos surgidos en el contexto post-electoral empieza a articularse y a ejercer presión sobre las instituciones y sobre la opinión pública. Conformada principalmente por mujeres sin militancia política, pero cercanas a liderazgos del chavismo en los barrios populares. Esta organización, a partir del secuestro de una de sus voceras, representa el quiebre más importante que ha sufrido el chavismo hasta ahora, y retoma, sin ambigüedad, la pregunta planteada desde 2012: ¿El chavismo tiene continuidad sin Chávez? ¿Y esa continuidad puede ser democrática y popular?

Si bien la construcción de este nuevo núcleo opositor está todavía en proceso, podemos suponer, a partir de la represión que comienza a sufrir, que una parte significativa de la militancia ya comprende que el chavismo solo puede continuar distanciándose del autoritarismo de quienes hoy dicen representarlo. Por mucho tiempo, una nueva fuerza chavista no será un proyecto político viable en el poder, pero sí será para muchos, un sentido de pertenencia, identidad y posicionamiento frente a la sociedad.

La incorporación del chavismo a la oposición representa un nuevo reto para el autoritarismo que pretende consolidarse. El principal problema al que se enfrenta el gobierno es que no hay campaña acusadora que sea verosímil frente a sus bases, contra quienes tienen más de 25 años militando con las necesidades de las comunidades y en  lineamiento con las políticas de Chávez. La lógica del terrorista imperialista se derrumba y, la valentía de quienes se enfrentan a la represión de la crítica suele ser contagiosa. Está en manos de los liderazgos políticos entender el escenario o ignorarlo.