Caracas Chronicles

Hasta ahora, el presidente republicano Donald Trump ha actuado en Venezuela sin ninguna participación del Congreso. Su gobierno decidió trabajar con Delcy Rodríguez, asegurar el petróleo y conducir una negociación entre lo que queda de la antigua Asamblea Nacional controlada por la oposición y el régimen. Ese esquema no se renegociará si los demócratas ganan la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, un objetivo que probablemente alcanzarán. Pero un nuevo Congreso sí puede ejercer una presión legislativa real que podría cambiar la manera en que se avanza.

Lo que han hecho los demócratas desde la salida de Maduro

A partir de enero, los demócratas comenzaron impulsando dos resoluciones, por iniciativa de Tim Kaine en el Senado y Jim McGovern en la Cámara, sobre los poderes de guerra y sobre quién puede autorizar el uso de la fuerza, no sobre lo que debería ser el proceso venezolano. Ambas contaron con el apoyo de algunos líderes republicanos, pero no fueron aprobadas en ninguna de las dos cámaras.

El 25 de febrero, el representante Jared Moskowitz presentó la Ley de Estrategia para la Transición Democrática en Venezuela (Venezuela Democratic Transition Strategy Act). La ley exigía que Marco Rubio presentara, en un plazo de 180 días,  una estrategia integral para la transición en Venezuela que abarcara la liberación de los presos políticos, la influencia de actores extranjeros, la cooperación internacional y la presentación de informes anuales. La demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Ted Cruz también presentaron en el Senado una resolución bipartidista sobre la transición en Venezuela.

Las iniciativas que han impulsado los demócratas han buscado revertir lo ocurrido el 3 de enero, porque ya no pueden dar marcha atrás a la incursión militar que permitió, al menos, la salida de Nicolás Maduro del poder. Lo que sí buscan es establecer un plan que conduzca a elecciones libres y, a largo plazo, a una auténtica transición democrática. ¿Por qué han tomado esta ruta? Por seguir manteniendo el reconocimiento que desde el primer momento han tenido sobre Edmundo González como presidente electo y de María Corina Machado como líder de la oposición.

Además, el impacto de las acciones de ICE y de la Patrulla Fronteriza contra la comunidad venezolana en Estados Unidos ha sido señalado reiteradamente por voces como las de los representantes Debbie Wasserman-Schultz y Darren Soto, quien el 19 de marzo presentó una petición de descargo (discharge petition) para forzar una votación sobre la Ley de TPS para Venezuela.

¿Qué no va a cambiar?

La política de la Administración Trump.

El acuerdo petrolero firmado por el gobierno de Trump, la empresa Nabep y el régimen de Rodríguez, que cubre 17 campos y 25 años, no se va a deshacer con cartas ni con audiencias en el Congreso. Ni siquiera los demócratas que atacan los tratos de Trump con Rodríguez han presentado hasta ahora legislación para ponerles fin. Ni siquiera una Cámara con mayoría demócrata podría restablecer el TPS sin el Senado y, especialmente, sin la firma del presidente. 

La administración ha demostrado que puede actuar sobre Venezuela sin la participación del Congreso. Así lo hizo con la incursión militar del 3 de enero, las deportaciones tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, la terminación del TPS y del parole humanitario, el reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta interina, el levantamiento de las sanciones contra Delcy y contra sectores de la economía, la apertura del mercado venezolano a empresas estadounidenses, la exclusión de Venezuela de la lista de países que no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico y la reunión informal con Rodríguez en Nueva York. Ninguna de esas acciones ejecutivas requirió una votación, una ratificación ni una asignación presupuestaria en el Capitolio.

El único control formal que tiene el Congreso es la Resolución de Poderes de Guerra, que ya ha fracasado dos veces, y que Trump ha prometido vetar si alguna vez llega a su escritorio. Si lo hiciera, incluso con una mayoría demócrata en el Congreso, se necesitarían al menos dos tercios de los votos para anular un veto presidencial. Ese umbral sigue siendo muy difícil de alcanzar.

El control ya comenzó

El adelanto más claro de lo que una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato puede cambiar llegó este mes. Los representantes Robert Garcia, Gregory Meeks y Jared Huffman (los demócratas de mayor rango en los comités de Supervisión, Asuntos Exteriores y Recursos Naturales) escribieron al secretario Rubio y al fiscal general Blanche sobre el acuerdo petrolero. Cuestionan por qué Alejandro Betancourt, quien ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero de PDVSA, es tratado como socio comercial. También afirman que el gobierno ha dado al Congreso escasos detalles sobre la administración de al menos 13.000 millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos.

Lo único que podría cambiar con una mayoría en el Congreso es la capacidad de obtener información, porque quienes hoy están en minoría en los comités pasarían a presidirlos.

Este punto es importante si esperamos un cambio en el Comité de Supervisión Legislativa respecto a Venezuela. Garcia es el principal representante demócrata en el Comité de Supervisión desde junio de 2025 y está bien posicionado para presidirlo y ejercer la facultad de interpelar a miembros del gobierno si los demócratas ganan en noviembre. Aunque sus planes no mencionan explícitamente a Venezuela como prioridad, y el tema tampoco aparece en la agenda legislativa de Hakeem Jeffries (el líder de la minoría demócrata en la Cámara), los acuerdos que se negocian y firman con Venezuela, así como la gestión de los recursos petroleros, podrían encajar perfectamente con la exigencia de rendición de cuentas y transparencia que sí forma parte de sus prioridades.

¿Qué está pasando en Florida?

No podemos hablar de lo que esperamos en noviembre sin analizar lo que ocurre en Florida. Aunque el voto venezolano no es decisivo en el estado, el voto latino sí tiene un peso considerable y, en este caso, los ciudadanos estadounidenses naturalizados o sus descendientes tendrán en cuenta las políticas migratorias, su impacto económico y los abusos de ICE al momento de votar.

Los cambios en los mapas electorales impulsados por los republicanos podrían tener consecuencias inesperadas. Moskowitz busca la reelección en una contienda competitiva pero ganable. Wasserman-Schultz está en mejor posición en el Distrito 20. Mientras tanto, Angie Nixon, candidata demócrata al Senado, ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Trump y exige el fin de las deportaciones y el restablecimiento del TPS.

Si queremos ver resultados en torno a Venezuela que beneficien a los venezolanos, tenemos que mirar la situación desde una perspectiva estadounidense.

Del otro lado del pasillo, el reciente pronunciamiento de María Elvira Salazar sorprendió a muchos esta semana. En él, la congresista republicana le dice a Trump que sus medidas de control migratorio han ido “demasiado lejos”, y señala que la mitad de las personas detenidas por ICE en julio no tenían antecedentes penales. En junio, le pidió a Trump suspender las deportaciones a Venezuela tras los terremotos. Sus acciones parecen responder más a las últimas encuestas que a un compromiso con la defensa de los derechos de los inmigrantes.

¿Cómo podría una mayoría demócrata en el Congreso ayudar al pueblo venezolano?

Para ser honestos, lo único que podría cambiar con una mayoría en el Congreso es la capacidad de obtener información, porque quienes hoy están en minoría en los comités pasarían a presidirlos. “¿Quién negoció el acuerdo? ¿A dónde irán los ingresos? ¿Cuál es la estrategia detrás de la negociación?”. Estas son algunas de las preguntas que podrían tener más peso en el Comité de Supervisión o en el de Asuntos Exteriores si estuvieran encabezados por un demócrata y no por alguien del partido de gobierno.

Venezuela no es el centro del mundo ni una prioridad para el Partido Demócrata. Incluso, algunos podrían pensar que al chavismo le resultaría “más fácil” tratar con los demócratas. Pero, si queremos ver resultados en torno a Venezuela que beneficien a los venezolanos, tenemos que mirar la situación desde una perspectiva estadounidense. La intervención militar de Estados Unidos ya ocurrió, y si Estados Unidos controla buena parte de la política venezolana, eso no va a cambiar por un cambio en el Congreso.

A los estadounidenses no necesariamente les importa la situación específica de Venezuela, pero sí les importa que el presidente no tenga “superpoderes”. En mi opinión, esto puede permitirle a los demócratas usar el tema venezolano como un mecanismo de supervisión del Congreso y buscar alianzas con republicanos no “MAGA” para ponerle límites a Trump.