Caracas Chronicles

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Human Rights Watch: retratos del terror post-electoral

El último informe de la ONG internacional Human Rights Watch, Punished for Seeking Change, profundiza sobre muchos de los abusos del Estado venezolano que aquí hemos cubierto y reseñado en los últimos 10 meses: la represión posterior al fraude electoral del 28 de julio, las mentiras del CNE de Amoroso, las desapariciones forzadas, el calvarios de los presos políticos y la revictimización contra sus familiares, las condiciones en las cárceles que ha dejado al menos cuatro muertos en custodia, y la detención arbitraria y clandestina de periodistas y defensores de derechos humanos. Pero lo más importante es cómo el informe reconstruye con precisión técnica—basándose en entrevistas con familiares y testigos, en actas de defunción, y en material de redes sociales—cómo nueve jóvenes fueron asesinados por colectivos y fuerzas de seguridad entre el 29 de julio y el 4 de agosto.

Está el caso de Isaías Fuenmayor González en San Francisco del Zulia, un chamo de 15 años que ni siquiera estaba protestando ese día. Regresaba de un ensayo de baile para una fiesta de quince años cuando se cruzó con un piquete de la GNB plantado frente a la marcha, concentrada cerca de un colegio que sirvió de centro electoral el 28J y de una oficina del PSUV. No pudo terminar su camino a casa. HRW pudo geolocalizar la muerte de Fuenmayor analizando dos videos en redes sociales que muestran a otro muchacho cargando su cuerpo frente a esa misma oficina del PSUV, después de las 7:30 pm. Los colectivos que aparecieron para asistir a la Guardia le habrían dado un disparo en el cuello.

También aparece Aníbal “Pimpina” Romero Salazar, un obrero de 24 años que sí estaba protestando en Carapita, en el suroeste de Caracas, en la tarde del 28 de julio. La gente del sector estuvo toda la tarde manifestando y confrontando a la policía que intentaba contener a la multitud en la Avenida Intercomunal de Antímano. Alrededor de las 7 pm, Romero cayó de un tiro en la frente. Lo muestra una fotografía de él herido tomada a 230 metros de los manifestantes, un video de YouTube publicado el 2 de agosto donde muestra el momento que cae muerto, y un video de TikTok que muestra a efectivos del DAET disparando cerca de una iglesia.

Maduro llegó a decir que Romero había fingido su muerte y que su asesinato era fake news, mediante el video de una persona dando una fe de vida y diciendo que era Romero. 

También está el caso de Rancés Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años, y de Jesús Tovar Perdomo, de 21 años, que protestaban cerca del obelisco de Maracay cuando les dispararon desde una guarnición de la GNB.

Más información: Este miércoles, Provea también publicó su balance de derechos humanos en 2024, titulado El apagón democrático en Venezuela. Concluye que 2.224 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes el año pasado—un aumento de 88,1% con respecto a 2023. Al menos 60 personas denunciaron haber sido víctimas de tortura. Fue el año de las desapariciones forzadas, que aumentaron 671,42% con respecto a las 2023. Y la violencia de Estado—“institucional policial y militar”—dejó 522 muertos.

Día del Trabajador con aumentos nominales

Adelantándose a las protestas del Día del Trabajador pautadas para el jueves primero de mayo, Maduro anunció que el “bono de guerra económica” para trabajadores activos, jubilados y pensionados pasó de 90 a 120 dólares “indexados”, insinuando que ese ingreso se ajustaría mes a mes según varíe la tasa de cambio del BCV. No habló de bolívares digitales, por supuesto, y el sueldo mínimo oficial (de menos de 2 dólares mensuales y congelado desde marzo de 2022) es como si no existiera.

Con el cesta ticket, que se mantiene en 40 dólares, Maduro dijo que el “ingreso mínimo integral de la clase obrera” ahora alcanzará los 160 dólares. Para colmo, Maduro anunció un aumento de cinco dólares para las pensiones, que pasaron de 45 a 50 dólares también supuestamente indexados. El Pitazo señala que la canasta básica para una familia de cinco integrantes está en 526 dólares.

“En otras ocasiones han prometido anclajes similares y no se cumplen sino que se hunden”, comentó el activista digital Luis Carlos Díaz en X. “Y de remate, las pensiones se anuncian en dólares, pero no se pagan con dólares. A la gente en realidad le pagan con bolívares que se emiten mes a mes en el BCV. Les pagan con emisión monetaria para cubrir nómina, lo que significa más inflación para todos”.

Más información: Luego de que el Estado subiera el costo del transporte público a un mínimo de 23 bolívares la semana pasada (equivalente a unos 0,25 dólares a la tasa no oficial), los transportistas piden que la tasa mínima se ancle a medio dólar o aproximadamente 43 bolívares. El pasaje a 23 bolívares no alcanza para cubrir los costos para mantener los autobuses, según reporta El Impulso, y los transportistas señalan que trabajan a pérdida. Yelmira Jiménez, presidenta de una asociación de conductores en Caracas, dijo al medio larense que la flota de autobuses operativos se redujo un 70% en el primer trimestre del 2025.

Lecturas recomendadas:

• Runrunes: Juan Requesens lanza su campaña a la gobernación de Miranda con el slogan “yo me niego a rendirme”, prometiendo que no pasará la página de la victoria de Edmundo González en las pasadas elecciones presidenciales.
• Crónica Uno: Miembros de la comunidad de Antímano promueven actividades políticas y de interés público para superar la apatía generada por el fraude electoral.
• Diario de los Andes: Diosdado Cabello conmemoró seis años del fallido levantamiento militar del 30 de abril de 2019, acusando también a líderes chavistas “infiltrados” que estaban coordinados con los rebeldes.
• Efecto Cocuyo: Venezuela Sin Filtro, de la ONG Conexión Segura, exige explicaciones a Movistar sobre la filtración de los datos de 3,2 millones de usuarios. Un fichero con la data filtrada (que incluye nombres, números de teléfono, cédulas de identidad y direcciones) apareció en un foro público en internet.