Caracas Chronicles

En medio del suspenso creciente entre el chavismo y la audiencia venezolana, Estados Unidos dice que procedió con un segundo ataque letal contra una lancha proveniente de Venezuela. Nos enteramos de forma casi idéntica a aquel primer precision strike del martes 2 de septiembre. Trump, vía Truth Social, publicó un video de una lancha negra, más pequeña que la anterior, flotando sin moverse en ningún sentido hasta que una llamarada de humo negro la envuelve y aparece incendiada por completo.

Dijo Trump que el ataque dejó a “tres hombres terroristas” muertos, que estos llevaban droga a Estados Unidos y se encontraban en aguas internacionales del Caribe. A eso le siguieron las re-publicaciones del recién bautizado Departamento de Guerra y del Comando Sur. Al día siguiente, Trump dijo de pasada a los periodistas que lo rodeaban que en realidad habían atacado tres botes, pero del supuesto tercer bote no hay video ni detalle alguno.

De confirmarse que las víctimas son de verdad venezolanas (como ya ocurrió con el luto reportado en San Juan de Unare), podemos recoger tres elementos.

Por el momento, EEUU no ha subido peldaños en la escala de hostilidades. El ataque que Trump reportó el lunes no supera al anterior en cuanto a la amenaza que supone para Maduro y las redes de narcotráfico que involucran a figuras del chavismo.

Segundo, EEUU no muestra interés en detener a los presuntos narcotraficantes para revelar información sobre el llamado Cartel de los Soles y su entramado logístico. Trump continúa presentando un asesinato extrajudicial como un acontecimiento espectacular que intenta disuadir las operaciones de narcotráfico en el Caribe, con miras al mercado gringo.

Sin embargo, si el status quo se mantiene y la amenaza de EEUU se acaba atenuando, Cabello habrá ganado aún más poder y saldrá a castigar a quienes se mostraron dispuestos a negociar.

Y también, Trump aborda el despliegue militar con el mismo discurso errático y caprichoso que ata las políticas de Estados Unidos a su narrativa y sus intereses. Antes de anunciar el ataque en Truth Social, Trump había declarado el lunes que el despliegue naval estaba dando resultados porque no se estaban detectando lanchas. Luego comparó el fraude electoral de Maduro en 2024 a su propia derrota contra Joe Biden en 2020, que él califica como fraude y un elemento central de su épica como líder, derribado injustamente antes de regresar al poder.

Entre tanto, los movimientos de EEUU no se traducen en alto riesgo para el chavismo a pesar de la fluidez de los acontecimientos, al menos por los momentos. El despliegue militar de EEUU está cumpliendo un mes y, aunque no hay señales de que esté por finalizar, el blanco sigue siendo civiles señalados de traficar droga. No, por ejemplo, blancos militares en aguas de Venezuela. Tampoco figuras o infraestructura en tierra firme, como ciertos actores y comentaristas sugieren que va a pasar.

Los dos discursos dominantes del chavismo se han vuelto más distinguibles en esta coyuntura. Por un lado, Diosdado Cabello se planta como el duro de matar del régimen, decidido a no doblegarse de ninguna forma ante la amenaza de un ataque que el 11 de septiembre describió como inminente. “Nosotros no vamos a hacerle ninguna concesión al imperialismo”, dijo Cabello en un mitin del PSUV. “Sería un error histórico. Porque cuando se le hace concesiones al imperialismo, viene por más”.

Por otro lado, Maduro sigue intentando interactuar con Trump y mostrando interés en apoyar su iniciativa antidroga, al tiempo que descarga contra Rubio y Kamla Persad-Bissessar, la Primera Ministra de Trinidad y Tobago que opina que EEUU debe asesinar a los narcos de forma violenta. Antes de que Trump divulgara el ataque, Maduro insinuó el lunes que EEUU podría acabar con la epidemia de adicción a las drogas trabajando con Venezuela, aun aseverando que el chavismo está preparado para cualquier escenario como la lucha armada. También elogió a figuras que cooperan con el chavismo como Zapatero, Petro y el diplomático estadounidense John McNamara, el encargado de negocios para Colombia y Venezuela con quien Maduro dice mantener “comunicaciones mínimas” para continuar con la deportación de migrantes.

“Nos ocupa una amenaza de guerra contra Venezuela, no estoy dramatizando”, dijo Maduro el martes, después del anuncio del segundo precision strike, en un evento donde instalaba un supuesto Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. “Venezuela está siendo sometida violando todo el derecho internacional, todos los tratados, a una amenaza repudiable y criminal”.

Con este nuevo espacio, Maduro y Jorge Rodríguez dicen estar coordinando a distintos sectores en defensa del territorio (incluyendo representantes del no-chavismo, empresarios, figuras religiosas y demás) con distintas mesas de trabajo.

A ellos se suma un coro de comunicadores y comentaristas que amplifican la retórica belicista de la administración Trump—y la idea de que esta vez sí es en serio y sí se viene el colapso del madurismo.

“Una mesa diplomática para mostrar la verdad de Venezuela ante el mundo. Una mesa jurídica porque muchos son los falsos testimonios que se han levantado”, dijo Rodríguez en el evento. “Y una mesa política que articule todas las iniciativas de diálogo.”

Como señala nuestro último Political Risk Report (titulado “Diosdado Ex Machina”) Cabello esgrime un discurso propio para subir los costos a aquellos dentro de la coalición gobernante que estarían buscando negociar o capitular ante EEUU. Una fuente comenta que en caso de una intervención dentro de Venezuela donde el régimen colapse y el Estado pierda control sobre el territorio, surgiría un grupo armado radical buscando sabotear desde la clandestinidad el establecimiento de un nuevo régimen. Sin embargo, si el status quo se mantiene y la amenaza de EEUU se acaba atenuando, Cabello habrá ganado aún más poder y saldrá a castigar a quienes se mostraron dispuestos a negociar.

Los discursos del conflicto

Fuera del régimen hay dos discursos dominantes. Al grupo más visible podemos llamarlo los halcones criollos o los halcones empedernidos. Estos insisten que EEUU está preparándose para usar su fuerza militar contra el chavismo de forma decisiva, y que sí desea un cambio de régimen aunque hable de lucha contra el narcotráfico y de la urgencia de desmantelar el Cartel de los Soles. Tampoco ha cuestionado las actividades de Washington hasta ahora, mucho menos la evidente omisión en materia de derechos humanos y debido proceso al asesinar a 14 presuntos narcotraficantes. Más bien parece concebirlo como parte de un crescendo de acciones militares que estarían por llegar en los próximos días y semanas.

La principal cara de este grupo es María Corina Machado y los aliados del Comando con Venezuela, incluyendo figuras de partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia que en las últimas semanas han respaldado en varios pronunciamientos las acciones de EEUU, denunciando al Cartel de los Soles y el carácter criminal del régimen. Esto incluye a la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, y a su vicepresidenta de Formación, Paola Bautista de Alemán. Esta última escribió la semana pasada que quizás, ante la muerte de la política en Venezuela, “la democracia debe restablecerse por medio del uso legítimo y ordenado de la fuerza”. A ellos se suma un coro de comunicadores y comentaristas que amplifican la retórica belicista de la administración Trump en redes sociales y algunos medios—y la idea de que esta vez sí es en serio y sí se viene el colapso del madurismo.

El segundo discurso dominante comprende una amalgama de actores que aborda el actual conflicto entre EEUU y Venezuela como una oportunidad para abrir un nuevo proceso de negociación que reúna al chavismo, a Washington y a una contraparte en Venezuela. Este grupo mantiene que la causa del problema son las posturas polarizadas desde el gobierno de Trump, el liderazgo opositor y desde Miraflores, y que debe existir una nueva ruta de diálogo que alivie la crisis de democracia y de derechos humanos. Es un grupo con presencia dentro de Venezuela, que no está perseguido y mantiene cierto contacto con la élite gobernante, pero no necesariamente goza de legitimidad y un mandato político.

El régimen de Maduro parece estar ejecutando una purga a gran escala dentro del sistema judicial, quizás solo comparable a la ocurrida tras el despido y exilio de Luisa Ortega Díaz en 2017.

Ahí no solo están los diputados designados Henrique Capriles y Stalin González, sino también representantes de universidades como los rectores Arturo Peraza S.J. (UCAB) y Víctor Rago (UCV). Peraza sostuvo un encuentro con Maduro y Cilia Flores en La Casona pocos días luego del primer aniversario del fraude electoral, en compañía del arzobispo de Caracas Monseñor Raúl Biord y María Eugenia Mosquera, presidenta del canal VALE TV. Ahora, ante la situación de tensión con EEUU, Peraza llamó a Maduro a reconocer el entorno de Machado como legítimo interlocutor en una mesa de negociación. También dijo que Machado está en la obligación de negociar con el madurismo, aún cuando “el proceso político en este momento no parece dar para este tipo de resultados” (el rector de la UCAB también criticó las postura militarista de Cabello y la pérdida de la institucionalidad en el país). El rector Rago lo apoyó ofreciendo la UCV como sede de un “eventual diálogo” entre Maduro y Machado.

A la sombra de estas declaraciones públicas y operando de forma bastante más opaca, otros actores estarían proponiendo una salida pactada a la crisis, que quizás involucre la salida de Maduro del poder, pero que pueda asegurar la continuidad del chavismo en el poder. César Bátiz, director de El Pitazo, habla de “sectores del chavismo y empresarios venezolanos” explorando esta idea en distintas instancias. Los rumores en redes sociales señalan más explícitamente al antiguo Ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, que fue preso político de Maduro, al entorno cercano de los hermanos Rodríguez, y por supuesto a Zapatero. El enviado especial Richard Grenell espera su oportunidad, y anoche comentó en la Conferencia de Política de Acción Conservadora que “él entiende lo que quiere Maduro”.

“Creo que todavía podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra,” dijo Grenell en la conferencia en Paraguay.

¿Qué pasa en Venezuela?

El régimen de Maduro parece estar ejecutando una purga a gran escala dentro del sistema judicial, quizás solo comparable a la ocurrida tras el despido y exilio de Luisa Ortega Díaz en 2017.

La información comenzó a difundirse por el ex fiscal Zair Mundaray (de la era Ortega Díaz), que reportó como el régimen había “descubierto” una trama de extorsión dirigida por un fiscal en Carabobo que se habría suicidado. Aunque no hubo detenciones inicialmente, Mundaray después reportó que el CICPC estaba extorsionando a los implicados. En los días posteriores, hizo eco de sus fuentes en Venezuela advirtiendo que la purga se extendía a Anzoátegui, Bolívar, Nueva Esparta y hasta el Tribunal Supremo, con la supuesta desaparición de Bárbara Rojas, la asistente de la presidenta de la Sala Penal.

Al rato llegó el reconocimiento oficial, cuando Mundaray aseguraba que la purga era contra la red clientelar del fiscal general Tarek William Saab.

Últimas Noticias, un diario hoy bajo la influencia del chavismo, reportó el 9 de septiembre que tres directores de línea del Ministerio Público (encargados de Corrupción, Delincuencia Organizada y Delitos Comunes) estaban en custodia del SEBIN, al igual que el fiscal Farik Mora Salcedo, presunta pareja sentimental de Rojas. Como figura cercana a Saab, Mora Salcedo ha manejado casos importantes para el chavismo como la persecución contra Juan Requesens, Roberto Marrero y los acusados por el intento de magnicidio con drones en 2018, como reporta Runrunes en este perfil. Y el 10 de septiembre salió el comunicado firmado por Saab, alegando que 570 funcionarios del Ministerio Público están siendo “procesados y judicializados” incluyendo 14 fiscales de Carabobo.

Las comunicaciones de Saab aún no mencionan a los tres fiscales superiores, a Mora Salcedo o a Rojas, que ya tienen más de una semana desaparecidos. La nota de Últimas Noticias confirma que el fiscal que dirigía la red de extorsión en Carabobo apareció muerto en un hotel.

La represión típica del último año sigue dejando nuevas víctimas. Monitoreamos reportó que Maduro y Diosdado ya suman 13 presos políticos después de excarcelar a otros 13 a finales de agosto (lista que incluyó a Américo de Grazia y a los ex alcaldes de Maracaibo y Cabimas). En medio del ruido sobre los barcos y el primer ataque a la presunta narcolancha, el régimen se ensañó con una familia en Carabobo incluyendo una bebé de dos años. El CLIPPVE informó que la PNB entró a una vivienda en Carabobo y secuestró a Miguel Guillén, de 17 años, y su abuela Miriam Fernández, de 72. Cuando su hermana, Chantal Guillén, fue a la comisaría con su hija bebé, los funcionarios decidieron retener a las dos ahí.

Miguel y la bebé pudieron salir el 8 de septiembre pero Chantal y su abuela se suman a la lista de presos políticos, ahora de 823 personas según el último corte de Foro Penal.