Caracas Chronicles

Aún con la opinión pública y el liderazgo mundial enfocados en el posible inicio de un proceso de paz en Gaza, o en el vuelo de drones rusos sobre territorio europeo, no podemos ignorar lo que dice —y lleva años diciendo— Naciones Unidas sobre Venezuela. Y lo que eso significa para sus aspiraciones democráticas, más allá de la tensión creciente entre Estados Unidos y el régimen de Maduro.

El multilateralismo está en crisis. Hemos oído a líderes de todo el mundo decirlo. Más importante aún, hemos escuchado al propio Secretario General de la ONU afirmarlo. Todos hablan de la necesidad de reformar el sistema ONU, obviando que la organización solo es reflejo de lo que sus miembros deseen que ella sea. Y es cierto que necesita reformas para hacerla más efectiva, pero en el caso de Venezuela, la ONU ha vuelto a ser contundente.

Su último aporte, el informe de 172 páginas elaborado por expertos independientes para el Consejo de Derechos Humanos así lo demostró hace dos semanas, cuando fue publicado y debatido, evidenciando junto con los demás informes que se han venido publicando desde hace ocho años, cómo Venezuela se ha transformado en una dictadura pura y dura, en la que Maduro y la camarilla en el poder ha borrado a casi todos sus adversarios o los ha sometido a la clandestinidad, la prisión, o la muerte. A niveles y de maneras compatibles con lo descrito en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad.

En esta ocasión y en este caso concreto, ¿por qué importa tanto este informe?

Porque cubre las violaciones de derechos humanos ocurridas antes, durante y posterior al proceso electoral venezolano que desconoció Maduro, a pesar del triunfo inequívoco de Edmundo González.

Su elaboración comprendió 237 entrevistas con víctimas, familiares y otras fuentes en el terreno. Más de 360 piezas de evidencia fueron proporcionadas por gobiernos, organismos internacionales y ONG dentro y fuera del territorio. 

Ante la imposibilidad de entrar a Venezuela, también incluyó un viaje de investigación a un tercer país donde el equipo tuvo contacto con fuentes primarias. El informe reivindica la labor invaluable de las organizaciones de sociedad civil y los periodistas venezolanos que están en primera línea para documentar la prisión y el maltrato a menores de edad, la persecución contra activistas y sus familiares, o las muertes en custodia en los penales del país.

El informe revela los detalles más grotescos de la política de terror del chavismo, y cómo los penales de Venezuela se han convertido en un infierno por diseño.

Todo esto en un año de represión incesante y asedio a cualquier espacio crítico a la dictadura o percibido como tal, mientras las fuerzas del Estado desaparecen a periodistas como Nakary Ramos, Carlos Julio Rojas o Rory Branker. O a defensores de derechos humanos como los abogados Eduardo Torres (Provea) y Kennedy Tejeda (Foro Penal), entre otros.

Es incuestionable que en el caso de Venezuela, la ONU está haciendo un trabajo intachable. Los nombres Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, miembros de la Misión Independiente, no serán del conocimiento del 99% de los venezolanos. Mucho menos su equipo de investigadores anónimos. Pero sí quedarán para la historia. Lo que han hecho está teniendo impacto hoy, y puede tener impacto para las próximas décadas, entre quienes se animen a investigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y lleven casos a las distintas instancias jurídicas internacionales. O entre quienes quieran exponer ahora cómo se utiliza una metodología para reprimir y silenciar, idéntica a las prácticas de Rusia, Irán, Bielorrusia o Corea del Norte.

¿Y por qué interesa tanto a quienes buscan promover la justicia a largo plazo?

Un informe sobre la rutina del terror

Esta última entrega no solo describe prácticas violentas, sino que nombra a los encargados de la represión en la jerarquía estatal. Por ejemplo, el informe hace una cronología de la protesta en defensa de los resultados del 28J que tuvo lugar frente al Obelisco de Maracay (San Jacinto), quizás la más letal de las protestas post-electorales. Dejó seis muertos: seis manifestantes y un GNB. Allí aparecen los perfiles de estas víctimas, el lugar donde quedaron heridos y, crucialmente, el tipo de munición que los hirió. Como el caso de Jesús Tovar Perdomo, de 21 años, cuya herida coincide con la de perdigones de una escopeta típicamente usada por la GNB. O el caso de Rancés Yzarra Bolívar, de 30, a quien una bala de fusil impactó en el centro del pecho.

En ese apartado, la Misión identifica a la cadena de mando involucrada en este episodio. Desde el Comandante de REDI Central —que después fue premiado con la comandancia de la Milicia— y el jefe de ZODI Aragua hasta su subordinado de la GNB a cargo de la zona. También a la 99 Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, cuyos miembros participaron en el enfrentamiento que se desarrolló en el lugar de la protesta pacífica.

También, por supuesto, el informe revela los detalles más grotescos de la política de terror del chavismo, y cómo los penales de Venezuela se han convertido en un infierno por diseño. Los al menos 218 menores de edad presos durante la razzia post-electoral, encerrados bajo acusaciones fabricadas, cuyas familias, de bajos recursos, han sido hostigadas con extorsión. Describe torturas y tratos crueles, como golpizas utilizando bates y objetos contundentes, o la aplicación de electricidad a los genitales de los reclusos. Recoge testimonios de violencia sexual dentro de los penales, en algunos casos contra adolescentes.

En el último año, esta práctica se extendió a ciudadanos de otros países, radicados, de paso por Venezuela, o incluso fuera del territorio nacional.

Aunque la Misión no llega a usar la palabra violación, porque técnicamente se describe como violencia sexual, lo establece como evidencia. En las cárceles de Maduro, los presos políticos injustamente acusados de terrorismo y conspiración pueden ser forzados a realizar actos sexuales, o por el capricho de los guardias o como parte de un negocio intra-carcelario.

Y por supuesto, la represión y el aislamiento sistemático de personas que se ha convertido en una  nueva normalidad para Venezuela. Cada semana nos enteramos de que un nuevo sujeto (politizado o no) fue secuestrado por encapuchados y nunca llegó a casa.

En el último año, esta práctica se extendió a ciudadanos de otros países, radicados, de paso por Venezuela, o incluso fuera del territorio nacional. Es aquí donde quiero detenerme para que el mundo entienda lo que puede sucederte, amigo extranjero, si te tropiezas con la policía venezolana en el momento y lugar menos indicado.

La caja negra de los rehenes

La Misión logró documentar los casos de 84 personas con nacionalidad extranjera (de los cuales solo 27 tienen doble nacionalidad venezolana), pero la cifra concreta es mayor. El informe estima que entre 120 y 150 extranjeros han sido detenidos en Venezuela entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Según Foro Penal, 89 personas de nacionalidad extranjera aún se hallan presas de forma arbitraria. Esto equivale al 10,8% de los presos políticos en cárceles venezolanas.

Los presos en esta categoría no cuentan con una red de apoyo dentro de Venezuela que pueda integrarse al ecosistema local de familiares de víctimas y organizaciones de sociedad civil. Son personas que llevan meses incomunicadas, y que al momento de su detención, sus familiares y conocidos en otros continentes desconocían qué había pasado con ellos o donde estaban.

En general, los familiares de presos políticos reaccionan a una desaparición o detención recorriendo cárceles, recibiendo orientación de ciertas ONG o intentando dialogar con funcionarios del Estado. Para una familia en el extranjero, sus esfuerzos se limitarían a contactar con organismos internacionales o contactar a sus propios consulados para que intercedan ante Maduro, los hermanos Rodríguez, o intermediarios favorecidos por el chavismo.

Lo nuevo, sin embargo, es que muchas de las detenciones de extranjeros están ocurriendo en zonas fronterizas como bien indica el informe. Esto habla de la intencionalidad de Maduro al dedicar personal y recursos en conseguir fichas de negociación en zonas porosas, de tránsito internacional.

En circunstancias donde velar por una excarcelación dentro de Venezuela es casi imposible, el régimen de Maduro ha puesto los casos de los rehenes extranjeros en una suerte de caja negra. En general, el público está a oscuras sobre el estado de estos presos o su estatus judicial. Mientras que en ocasiones  se consigue información sobre los casos de presos políticos venezolanos —por ejemplo, familiares y ONG reciben información sobre la salud del preso, si se presenta algún episodio de maltrato, o si lo trasladan a otro centro de detención— en el caso de los extranjeros la mayoría de las veces nada se conoce sobre ellos. Ni sus nombres, mucho menos su relación con Venezuela.

En efecto, el Ministerio Público ha “ha desplegado un gran esfuerzo por mantener en secreto incluso sobre su situación procesal” como concluye la propia Misión: “En este contexto, la Misión no ha podido encontrar ninguna evidencia de que las personas extranjeras hayan sido presentadas ante un juez, con la excepción de dos personas que fueron liberadas”, se lee en el informe.

Mientras tanto, el régimen niega a estas personas la protección consular establecida en la Convención de Viena (tratado ratificado por Venezuela), lo que debe producirse cuando un extranjero está desaparecido, detenido o tiene problemas legales. Esto significa que el personal consular de países como España o Colombia (que aún cuentan con presencia oficial en Venezuela) no logra visitar a la persona en prisión, verificar sus condiciones de reclusión, ponerlos en contacto con un abogado, o asegurarse de que tenga atención médica. Menos aún, velar por un debido proceso inexistente para cualquiera en el país. Otros países como Estados Unidos y Argentina, cuyos gobiernos han cortado sus relaciones diplomáticas con Caracas, deben gestionar la situación de sus rehenes a través de intermediarios o en negociaciones de alto nivel como las que llevaron al canje de prisioneros de julio entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela.

Al igual que con los llamados “traidores a la patria” venezolanos capturados y perseguidos todas las semanas, el chavismo tiende a pronunciarse sobre los presos extranjeros calificándolos de mercenarios, acusándolos de estar vinculados a tramas terroristas y a conspiraciones espías de la CIA y de paramilitares colombianos.

Ahora, no basta con que los Estados guarden silencio y traten de persuadir mientras esperan una medida de gracia, un favor.

Tomemos como ejemplo a José María Basoa y a Andrés Martínez Adasme, dos turistas vascos que el Ministro de Interior Diosdado Cabello hizo arrestar en Amazonas hace un año. Los acusó de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia español, y de planear el asesinato de Maduro, de la actual gobernadora del estado Bolívar, y del mismo Cabello. O las declaraciones de Maduro dos días antes de su inauguración ilegal este 2025, cuando el Estado ejecutaba otra enorme ola de represión. Maduro se refirió a “150 mercenarios” de hasta 25 nacionalidades, que habrían confesado supuestos planes terroristas financiados por Estados Unidos.

Estas puestas en escena no son nuevas. Forman parte de los viejos patrones de represión contra lo que el chavismo percibe como enemigos. Lo nuevo, sin embargo, es que muchas de las detenciones de extranjeros están ocurriendo en zonas fronterizas como bien indica el informe. Esto habla de la intencionalidad de Maduro al dedicar personal y recursos en conseguir fichas de negociación en zonas porosas, de tránsito internacional, donde hay más posibilidad de conseguir estos perfiles, mientras el Estado disfraza su captura de operaciones policiales contra agentes infiltrados.

Ahí se sitúa el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por la Policía Nacional a bordo de un taxi en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. O el del turista franco-estadounidense Lucas Hunter, liberado en el acuerdo tripartito de julio. Hunter estaba en Colombia (Departamento de La Guajira) haciendo un viaje de kite surf entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando la represión repuntó en Venezuela y varios gobiernos rechazaban la toma de posesión de Maduro. La Misión señala que hombres armados capturaron a Hunter en territorio colombiano, cuando éste paseaba cerca del pueblo de Paraguachón. De allí lo llevaron a una oficina del SAIME dentro de Venezuela mientras los funcionarios esperaban instrucciones “de arriba” para enviarlo a Caracas.

Ante esta diplomacia de rehenes y las limitaciones inherentes al sistema internacional, ¿qué más pueden hacer los Estados? Más allá de emitir recomendaciones que resaltan la responsabilidad individual de quienes se arriesguen a ir a Venezuela pese a las alertas, algunos Estados sopesan permanentemente alternativas transaccionales. Ahora, no basta con guardar silencio y tratar de persuadir mientras esperan una medida de gracia, un favor.

Quizás también sea momento —en el escenario internacional actual— de verdaderamente apostar al cambio. De ayudar a los venezolanos a conseguir su libertad haciendo valer lo que expresaron con contundencia el 28 de julio de 2024. Para que también esos 89 presos de diversas nacionalidades vuelvan a ver la luz.