Caracas Chronicles

El pasado 18 de noviembre, María Corina Machado publicó un texto sucinto con el título Manifiesto de Libertad (firmado, en realidad, el 9 de noviembre). El post en X dice que tiene dos destinatarios: los venezolanos y nuestro presidente, Edmundo González Urrutia. El primer destinatario era obvio; el Manifiesto tiene la intención de esclarecer los ¿principios doctrinarios? del posible proyecto político de Machado para una Venezuela post-chavista. El segundo destinatario, en cambio, no tanto. El gesto de demarcarle estos principios a quien pudiese ser el primer presidente post-chavista es también un esfuerzo de reafirmar que la voz cantante de ese futuro gobierno no lo tendrá el presidente sino Machado, pero también es una forma de vaciar de antemano el poder con el que pueda ejercer la primera magistratura González Urrutia, que no puede escasear en una transición.

La trampa de los derechos naturales

El Manifiesto posee un problema ideológico de base, partir de la suposición de que existen derechos naturales. Esta idea surgió en el tránsito del Medioevo a la Modernidad en el pensamiento liberal, especialmente el anglosajón, del que se nutre —con mediaciones— María Corina: la idea de que existen derechos inherentes a la condición humana, de los que se desprenden supuestos sobre el buen gobierno, el buen Estado, la buena ley, la buena vida.

Machado habla de “derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”, que “la voluntad de trabajar, crear y contribuir al bien común nace de la dignidad”, y que “la libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino un derecho inherente a la naturaleza misma de humanidad” para concluir que “todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres”.

Esta concepción borra el hecho de que, en la realidad, los derechos son producidos por seres humanos, no por la realidad misma. Aunque Machado afirma que “ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos”, los últimos años bajo Maduro demuestran que una tiranía sí puede anular los derechos, como puede pasar en cualquier lado del mundo. En definitiva, todo derecho depende en última instancia de la existencia de una comunidad política capaz de reconocerlos y hacerlos valer: comunidad que en la modernidad, refiere al Estado, que, igual como los consagra, también los puede violar. Sin Estado, no hay derecho alguno.

En una sociedad de ciudadanos, en la que también es un derecho “natural” el del voto como dice Machado, y “las calles son del pueblo”, los venezolanos nunca podrán dejar de tener voz sobre sus derechos sociales, económicos y políticos.

No es la biología la que produce nuestros derechos, y en cuanto a la naturaleza humana, filósofos como Thomas Hobbes afirman que es inherentemente violenta, mientras que Jean-Jacques Rousseau dice que es inherentemente benevolente y es la sociedad la que la corrompe. Ni apelar al Creador contradice la realidad política de todo derecho. 

Fuera de un Estado, nadie tiene derechos. Eso lo supimos los venezolanos en el Darién, al margen de toda legalidad, y dentro de Venezuela, donde no existe ningún recurso real para restablecerlos excepto la lucha por reconquistar el poder político, porque las instancias supranacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas, que carecen de poder político sobre el Estado venezolano, no tienen ninguna capacidad para intervenir los derechos vulnerados, por más naturales, por más humanos que sean.

No podemos saber si Machado conoce este tedioso problema de filosofía política, pero sí que le es útil afirmar estos derechos como naturales, porque es políticamente efectivo. Es esperable que la destrucción económica, la violencia política generalizada, el éxodo masivo y la destrucción del tejido social venezolano hayan estimulado los valores “de derecha”, “liberales”. Machado le habla a ese sentido común y hace resonar este Manifiesto en las ideas que, en lugar de innatas, más bien se han asentado progresivamente en el sentir popular. 

Hay derechos más obvios de anunciar: de expresión, al voto, a la libertad de reunión, a la seguridad frente a la criminalidad y a la violencia estatal. Y aclaramos acá: reconocer que estos no sean derechos naturales no es oponernos a ellos como derechos, sino que su única garantía es el propio accionar y organización comunitaria de un pueblo organizado en Estado. Cuando Machado habla de “devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, ¿está diciendo que los ciudadanos son equivalentes al sector privado? ¿La ciudadanía se ejerce en lo privado? La tradición neoliberal, desde la Sociedad Mont-Pelerin a pensadores como Von Mises, Hayek o Friedman, sostiene que la verdadera libertad es la económica, y que cualquier interferencia a la propiedad o el mercado es una violación de los derechos naturales. “Cuando el Estado impone su pesada mano sobre el mercado, sofoca el Espíritu humano que da genuina vitalidad al crecimiento”, afirma Machado, sin advertir o sin confesar que el Manifiesto guarda en sí una contradicción problemática para el futuro de la democracia venezolana.

Un manifiesto que no puede cumplirse sin autodestruirse

Machado habla de un Estado limitado a crear “las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva”. En el ideal neoliberal, el Estado es un mero administrador del Derecho, que actúa de manera previsible y calculable para los actores económicos y restringe toda interferencia “arbitraria”. Este ideal, no obstante, es antidemocrático: en una sociedad de ciudadanos —que no son solo seres económicos, sino seres sociales y políticos—, en la que también es un derecho “natural” el del voto como dice Machado, y “las calles son del pueblo”, los venezolanos nunca podrán dejar de tener voz sobre sus derechos sociales, económicos y políticos.

La tensión de su Manifiesto es reconocer cuál libertad es la realmente primordial: la económica o la política, la de un mercado sobre la democracia o la de una democracia por sobre el mercado.

Hoy podría “parecer natural” la idea de recuperar el sector privado frente al público y al mercado frente al Estado. No obstante, cuando se empiece a discutir, por ejemplo, cómo proteger a la biosfera venezolana de la catástrofe ambiental generada por el chavismo, nos encontraremos que todas las propuestas implicarán restringir la libre economía. Lo mismo podríamos decir del objetivo de Machado de conseguir un “pueblo autosuficiente”, una promesa de autarquía que es antitética al libre mercado, donde sólo intervenciones económicas desde el Estado han logrado producir situaciones de casi-pleno-empleo (tanto en América Latina como en Occidente en general). 

Incluso la propia bandera de soberanía, independencia y desarrollo nacional es antitética con el irrestricto libre mercado. Augusto Pinochet, el mejor alumno de la Escuela de Chicago, no abolió el impuesto al 10% sobre la exportación del cobre porque necesitaba financiar sus Fuerzas Armadas. Ronald Reagan, en su mayor avanzada contra el Estado Benefactor estadounidense, no frenó ni por un segundo las inversiones en la industria militar, con los efectos keynesianos que ello suponía, porque era un riesgo para la seguridad nacional retroceder en ese punto. La FANB del poschavismo también exigirá restricciones a las políticas de libre mercado para proteger la soberanía y la burocracia militar.

El Estado que quiere Machado en este Manifiesto no es el que podrá tener en el poschavismo. Tampoco es un Estado posible de conseguir plenamente en una democracia. La tensión de su Manifiesto es reconocer cuál libertad es la realmente primordial: la económica o la política, la de un mercado sobre la democracia o la de una democracia por sobre el mercado.

Ello exige pensar seriamente el lugar del Estado en el futuro de Venezuela, sin fobias anti-chavistas ni dogmas neoliberales. Exige admitir que sin Estado no hay derecho alguno, de la misma forma en que un Estado no es suficiente para garantizar dichos derechos.