Caracas Chronicles

Ha pasado menos de un mes desde que la administración Trump capturara a Nicolás Maduro y el régimen socialista, bolivariano liderado por Delcy Rodríguez se ha mostrado “extremadamente cooperativo”. “Por ahora”, declaró la Casa Blanca, Rodríguez ha “cumplido con todas las demandas y peticiones de Estados Unidos”, centradas en favorecer a las petroleras e inversiones estadounidenses, detener el narcotráfico y romper la subordinación ante rivales extra-hemisféricos.

“Por ahora” es el término operativo. Aunque en lo inmediato Rodríguez parece haber estabilizado el régimen al tiempo que coopera con Trump, a mediano y largo plazo, el intento de Rodríguez por satisfacer las exigencias de Washington le exigirá modificar las estructuras y procesos—es decir, los mecanismos—que han sustentado la cohesión interna y la estabilidad del régimen por más de dos décadas. 

Delcy se encuentra, en efecto, en arenas movedizas.

Que el régimen de Rodríguez haya mantenido la estabilidad inicial no es sorprendente. El régimen de Maduro, una y otra vez, transformó crisis amenazantes —desde protestas masivas y una crisis humanitaria histórica hasta sanciones económicas y un gobierno paralelo reconocido por más de 50 naciones— en oportunidades recurrentes de consolidación. Estos mecanismos de supervivencia han dependido tanto de la lealtad coaccionada de los civiles, así como de la lealtad orquestada de las élites militares y políticas mediante la instrumentalización del acceso a decadentes rentas económicas. No solo con el petróleo, sino también en agricultura y minerales, redes ilícitas y la dependencia de China, Rusia e Irán. La escala de este saqueo sistemático es vasta: solo desde la era de Chávez, se han desviado al menos $300.000 millones de dólares para alimentar estos mecanismos de supervivencia.

Por otro lado, son precisamente estos mecanismos los que la administración Trump espera que sean reformados o abolidos. Si bien estas estructuras fueron establecidas originalmente por el régimen y para el régimen, la realidad post-Maduro es que Rodríguez debe ahora modificarlas con Estados Unidos y para Estados Unidos. He ahí la encrucijada de Delcy. Reformar estos mecanismos lo suficiente para satisfacer los intereses económicos y de seguridad de una administración Trump contundente (y anhelante) conlleva el riesgo de cortar el acceso de las élites a unas rentas económicas que precisamente garantizan su lealtad. Pero optar por meras reformas superficiales arriesga el futuro de Delcy en el poder ante su nuevo patrón. Como el propio Trump advirtió: “Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deberían entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos, y les pasará si no son justos, honestos. Incluso con su propio pueblo”.

Rodríguez debe redirigir recursos escasos hacia la inversión en una infraestructura pública ruinosa (especialmente vialidad, autopistas y carreteras) e incluso en servicios básicos como el agua o el gas doméstico.

Tomemos, por ejemplo, la exigencia de Trump de que Venezuela dé acceso preferencial a las petroleras estadounidenses y permita que Estados Unidos controle la asignación de las ganancias financieras. Para que Rodríguez cumpla plenamente con dicha exigencia, se requerirá mucho más que una simple reforma a la Ley de Hidrocarburos. Será imperativa la regulación, contratación, movilización e inversión de recursos para reconstruir una red e infraestructura eléctrica nacional diezmada tras décadas de abandono, con un 75% de los venezolanos sufriendo apagones diarios. Asimismo, Rodríguez debe redirigir recursos escasos—antes destinados a alguna forma de rent-seeking—hacia la inversión en una infraestructura pública ruinosa (especialmente vialidad, autopistas y carreteras) e incluso en servicios básicos como el agua, al cual solo el 36% de la población tiene acceso diario, o el gas doméstico, que más del 70% recibe apenas una vez cada tres meses. A todo esto se suma un sistema financiero estilo Frankenstein que ha ofrecido oportunidades para la malversación y carece de toda (y necesaria) predictibilidad.

La expectativa de Washington de que los recursos escasos se destinen a restaurar la infraestructura y los servicios básicos, mientras se corrigen las distorsiones financieras estructurales para asegurar que las firmas estadounidenses operen de forma segura y rentable, limitará severamente la capacidad de Rodríguez para permitir que su círculo íntimo desvíe estas limitadas rentas. Rodríguez estará obligada a interferir con los mismos mecanismos de supervivencia que han mantenido unificada a la élite; en fin, satisfacer a Trump pone en peligro la unidad interna, mientras que preservar la unidad interna conlleva el riesgo de enfrentar el destino de Maduro.

Durante una visita reciente a Caracas, el director de la CIA, John Ratcliffe, exigió a Rodríguez garantizar que Venezuela no sea más un “refugio para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”. Pero esto requerirá la eliminación de economías clandestinas que han sostenido gran parte del régimen. Ante el colapso del 90% de la producción petrolera, se ha demostrado que el régimen hizo un giro hacia la creación de empresas ilícitas—así como a la aquiescencia ante grupos criminales. La minería ilegal y el tráfico de drogas, por ejemplo, han representado más de una cuarta parte de la economía venezolana.

Asimismo, China ha sido el principal patrón económico del régimen al absorber el crudo sancionado. Con Estados Unidos interceptando buques de la llamada “flota fantasma” en el Caribe y exigiendo la ruptura de vínculos con Beijing, los integrantes del régimen —especialmente los militares, que controlan pilares críticos de la producción y distribución de petróleo y gasolina— enfrentan ahora una tensión estructural sin precedentes.

La administración Trump, sumada a su inmenso poder —y voluntad de usarlo—, podría eventualmente llevar a la administración a concluir que, para que sus deseos se cristalicen, se requerirá más temprano que tarde una reinstitucionalización y un camino electoral más acelerado y creíble.

El aparato de seguridad venezolano está igualmente entrelazado con Rusia, un socio que ocupó vacíos estratégicos dejados por Estados Unidos y que proveyó hardware militar, así como redes financieras en mercados paralelos. Estas redes no desaparecerán de la noche a la mañana. La exigencia de Trump de una ruptura tajante con los vínculos ilícitos y extranjeros será, probablemente, un proceso turbulento.

El cumplimiento estricto con Trump obligará a Rodríguez a marginar a las élites y estructuras que han evitado el colapso del régimen por más de 20 años. Por el contrario, un cumplimiento insuficiente para evitar reformar los mecanismos internos del régimen arriesga la ira de una administración Trump que ha invertido un capital político significativo en la transformación de Venezuela, especialmente en un año electoral crítico.

¿Se verá el régimen, como sugirió María Corina Machado, “obligado a desmantelarse a sí mismo”? Aunque eso no garantice la democratización, la alteración de los mecanismos de supervivencia para evitar el destino de Maduro podría abrir coyunturas hacia la liberalización política. Por el contrario, priorizar la lealtad de las élites y los mecanismos de enriquecimiento y corrupción existentes por encima de las expectativas de reforma e inversión esperadas por Estados Unidos arriesga otra deposición unilateral externa. Aunque ningún camino asegura la democracia a corto plazo, la impaciencia de la administración Trump, sumada a su inmenso poder —y voluntad de usarlo—, podría eventualmente llevar a la administración a concluir que, para que sus deseos se cristalicen, se requerirá más temprano que tarde una reinstitucionalización y un camino electoral más acelerado y creíble.

En medio de esta incertidumbre, más allá de la narrativa de una estabilidad y longevidad sin interrupciones de Delcy Rodríguez, la política de la Venezuela post-Maduro sugiere que la posibilidad de coyunturas críticas que favorezcan una transición hacia la democracia sigue siendo, hoy en día, más resonante que nunca.