Caracas Chronicles

Después del fraude electoral del 28 de julio de 2024, la cúpula del régimen que administraba Nicolás Maduro anunció que iba a profundizar el “Estado Comunal” como modelo de participación popular. En sus palabras, era necesario “acelerar la construcción del poder popular” y “transferir más competencias a las comunas”. La promesa implícita: más comunas, más consultas, más participación debe ser igual a más soluciones.

Puse esa promesa a prueba con datos de Mérida, un estado donde los servicios públicos (especialmente agua y electricidad) fallan todos los días. A mediados de 2024, los cortes de luz eran de casi cuatro horas diarias, lo que puede arruinar a una familia entera.

En mayo de ese año, un profesor de la Universidad de los Andes, Israel José Ramirez, muere en el edificio donde yo residía con mi familia. Aquel día también se fue la luz.  El profesor estaba dentro de un ascensor que quedó atrapado entre el primer y el segundo piso. Cuando forzó el seguro mecánico de la puerta para intentar salir se encontró con un vacío: la cabina no estaba al nivel del piso. Intentó saltar y no llegó. Cayó al fondo de la fosa del ascensor, unos tres pisos de altura. Murió en el impacto.

La luz en esa zona de la ciudad tardaba en llegar de cuatro a ocho horas. Ese día solo tardó media hora. La desesperación de un corte de luz prolongado hizo que el profesor Israel abriera las puertas del ascensor y su vida acabase ahí. Esta desgracia fue una motivación parcial para realizar esta investigación.

Entre agosto y julio del 2025 hice pasantías en el Instituto Nacional de Estadística. Ahí pude revisar los registros de 198 proyectos de las Agendas Concretas de Acción (ACA) en 64 comunas del estado Mérida. Las ACA son el mecanismo central del Estado Comunal chavista para la planificación participativa: consultas en las que las comunas identifican sus problemas prioritarios (llamados “nudos críticos”) y votan por los proyectos que quieren que el Estado ejecute. Estas 64 comunas representaron el 82% de las 78 registradas en el estado. Las 14 restantes fueron excluidas del análisis porque los funcionarios encargados de transcribir los diagnósticos comunales a las bases de datos lo hicieron con tantos errores que la información resultó inutilizable.

Las comunas conocen la arquitectura del Estado mejor que muchos funcionarios.

Los reportes oficiales decían: “Proyecto en ejecución” o “Proyecto culminado”. Pero algo no cuadraba. Las comunidades seguían votando por los mismos problemas de servicios año tras año. Alguien mentía. 

Necesitaba separar la propaganda de la realidad. Hice algo simple: tomé cada problema que una comuna votó en 2022 y lo rastreé durante cuatro años. Si dejaba de aparecer en las consultas siguientes, el gobierno podía decir que lo resolvió. Si seguía apareciendo año tras año, significaba que la gente llevaba cuatro años gritando lo mismo. Y si desaparecía sin explicación (ni resuelto ni votado de nuevo) nadie sabía qué había pasado. El Estado simplemente lo ignoraba.

Con este detector, audité 198 proyectos. Los resultados se sintetizan en los siguientes gráficos:

Estos gráficos revelan tres dimensiones del fracaso.

En primer lugar, quién decide: de los 198 proyectos, el 51,5% (102) fueron asignados a ministerios y al Gobierno nacional para su ejecución, mientras que otro 25,8% (51) recayó en el gobierno estadal. Las comunas diagnostican, pero Caracas decide si abre o cierra el grifo de los recursos. Solo el 19,2% (38 proyectos) quedó bajo control municipal o comunal. 

En segundo lugar, qué pasó con ellos: casi la mitad de los proyectos no fueron considerados. Solo una cuarta parte (50 proyectos, el 25,3%) fueron completados tras años de consultas. El Estado recibió el diagnóstico, supo exactamente qué necesitaba la gente, y decidió no hacer nada. 

En tercer lugar, la participación no fue el problema: 76,8% de las comunas (152 proyectos) participó en las cuatro consultas nacionales, desde la primera del 2022 a la última del 2025. La base dura del voto chavista se movilizó, llenó planillas, votó. El sistema no falló por falta de participación. El problema no es que las comunidades no sepan organizarse. El problema es que cuando se organizan, el sistema las ignora.

Ahora bien, ¿qué problemas están identificando las comunas? Esto se resumen en el siguiente gráfico:

Lo que indica este gráfico es demoledor: dos de cada tres comunas en Mérida (43 de 64, el 67%) identificaron el agua como su problema prioritario. No es un problema aislado de una o dos comunas. Es una crisis sistémica que afecta al estado entero. Cuatro problemas (agua, vialidad, vivienda y luz) representan el 60% de todas las solicitudes de proyectos en Mérida.

Ahora, podemos observar cómo se distribuyen los proyectos ACA en Mérida en el siguiente gráfico:

De los 198 proyectos analizados, 54 están relacionados con agua. Más de una cuarta parte (27%) de todos los proyectos. Las primeras cuatro categorías (agua, vialidad, vivienda y electricidad) concentran el 62,63% de todos los proyectos. El principio de Pareto aplicado a la miseria: el 20% de las causas explican el 80% de los problemas. ¿Y cuántos de esos 54 proyectos de agua fueron ejecutados?

Detrás de estas barras hay familias reales. La comuna Doña Simona en Lagunillas, Mérida, tiene un grave problema de agua potable. En 2022 votó en la primera consulta por agua. En 2023 volvieron a votar por agua. En 2024, lo mismo. Y en 2025, cuatro años después, seguían votando por agua. Cuatro consultas. El mismo problema. ¿Por qué? En una conversación con la dirección del INE Mérida me revelaron el número que explica todo: 10.000 dólares. Ese es el presupuesto por proyecto. Siempre. No importa si la comuna pide un acueducto o pintura para una escuela. Con 10.000 no construyes un acueducto. Apenas te alcanza para 200 metros de tubería. No dragas un río. No pavimentas una carretera. No resuelves una crisis hídrica que afecta a 43 de las 64 comunas del estado. Las comunidades lo aprendieron. Si necesitas agua pero eso cuesta 50.000 dólares, mejor pide pintura. Al menos eso sí te lo aprueban.

Entonces, ¿qué pasó en Doña Simona? En la tercera y cuarta consulta, la comuna cambió su voto. Ya no pidieron el acueducto que necesitaban. Votaron por algo “realista”: participar en las Bricomiles, el programa donde militares pintan fachadas de escuelas y arreglan techos de canchas deportivas. No es que la gente de Doña Simona no sepa que ocurre en su comunidad, sino que aprendieron a jugar en el sistema: el Estado solo financia lo que cuesta menos de 10.000 dólares. La “participación ciudadana” se reveló entonces no como empoderamiento, sino como un ejercicio de ajustar las necesidades reales al presupuesto ridículo que el gobierno está dispuesto a dar. Cuatro años votando por el agua. Y al final, pintura para las paredes de una escuela.

Cuatro años votando por el agua. Y al final, pintura para las paredes de una escuela.

Ahora bien, algo sí es cierto: las comunidades de Mérida aciertan siempre. Cuando el problema es eléctrico, lo asignan a Corpoelec. Cuando es agua, a Aguas de Mérida. Cuando es vivienda, al Ministerio de Vivienda. Revisé 198 proyectos y no encontré una sola excepción. Las comunas conocen la arquitectura del Estado mejor que muchos funcionarios.

Esta precisión se mantuvo consistente en las 64 comunas, a través de las cuatro consultas y en los 198 proyectos. Entonces pensé: si el diagnóstico es tan preciso, si las comunidades están haciendo su trabajo, el sistema debería estar produciendo resultados. Agua corriendo por tuberías. Calles pavimentadas. Luz estable. Medí la relación entre la calidad del diagnóstico y la resolución efectiva de los problemas:  

Este gráfico muestra la principal conclusión de esta investigación: la Gran Desconexión.

Las celdas en azul oscuro confirman lo que ya vimos: las comunidades diagnostican con precisión quirúrgica. El sistema funciona como un reloj suizo en la fase de diagnóstico. Entonces hice la pregunta obvia: si las comunidades diagnostican perfecto, ¿el Estado resuelve los problemas?

La respuesta fue devastadora. No hay relación. Ninguna. Las celdas grises lo dicen todo: que una comuna identifique correctamente su problema no predice absolutamente nada sobre si ese problema se va a resolver. Ni la precisión del diagnóstico, ni la urgencia del problema, ni cuántas veces la gente ha votado por lo mismo. Nada de eso importa. 

Los factores que determinan si un proyecto se ejecuta operan completamente al margen del sistema formal de las ACA. Son externos, opacos, probablemente relacionados con voluntad política coyuntural, presupuestos erráticos, o la rotación constante de funcionarios.

El sistema funciona exactamente como fue diseñado: moviliza a la base chavista para diagnosticar problemas, les hace creer que participan, luego ignora sistemáticamente lo que piden. No es un fracaso. Es el diseño.

Esta es la llamada Gran Desconexión: un sistema que diagnostica con precisión quirúrgica y no ejecuta nada.

El éxito o fracaso de un proyecto no depende de si la comunidad identificó su necesidad, si fue precisa la selección de la institución responsable, cuán urgente es el problema o cuántas veces la gente ha votado por lo mismo. Lo que determina si un proyecto se ejecuta opera completamente al margen del sistema formal de las ACA. Son factores externos, opacos, probablemente relacionados con voluntad política coyuntural, presupuestos erráticos, o la rotación constante de funcionarios. Las comunidades cumplen su parte. El Estado venezolano no.

El problema del Estado Comunal en Mérida no es de escala, es estructural. No faltan comunas, ya hay 64 funcionando. No falta participación, el 76,8% de las comunas participó en las cuatro consultas. El sistema funciona exactamente como fue diseñado: moviliza a la base chavista para diagnosticar problemas, les hace creer que participan, luego ignora sistemáticamente lo que piden. No es un fracaso. Es el diseño.

Mis datos muestran qué significa eso: más gente gritando en habitaciones vacías. Las comunas son solo una excusa autoritaria para sobrerrepresentar su fuerza política. La realidad es que la esposa del profesor Israel Ramírez lo encontró muerto en la fosa del ascensor porque ese día no había luz en el edificio. En alguna comuna de Mérida, probablemente votaron por electricidad en 2022, 2023, 2024 y 2025. Y en 2026, si esta política continúa, seguirán votando.