Caracas Chronicles

Conforme pasan las semanas, se va viendo con más claridad el diseño de transición que ensaya el Departamento de Estado del Gobierno estadounidense en Venezuela. El lunes 26 un oficial senior del Departamento de Estado comunicó a la prensa: “ese es el objetivo aquí: un nuevo TSJ antes de que termine este año; un nuevo CNE poco después; declarar la ausencia absoluta en la Presidencia, lo cual activa el ciclo de seis meses para la elección presidencial. Y, posteriormente, esa elección se llevaría a cabo bajo la gestión de un CNE no politizado y bajo la supervisión de un TSJ al que no se podrá recurrir para anular los resultados electorales, como ocurría en el pasado, cuando el régimen utilizaba el tribunal de manera sesgada o politizada”.

Y en eso ha sido consistente el mismo secretario Rubio: primero deben restablecerse condiciones institucionales en Venezuela, para poder ir a elecciones. Es, además, lo que los venezolanos hemos exigido por años: que haya un TSJ y un CNE independientes que permitan que la voluntad expresada en elecciones se respete. Justamente lo contrario a lo que ocurrió en 2024, cuando el régimen utilizó al CNE y al TSJ para desconocer la victoria electoral de Edmundo González.

Venezuela tiene que ir a un proceso de reorganización institucional, que será una parte central en el proceso de transición política. El primer asunto por resolverse debe ser la de la ausencia absoluta en la presidencia de la República luego del 3 de enero. Ese espacio ha sido llenado por quien hasta entonces era la vicepresidenta ejecutiva, pero bajo la Constitución venezolana es indiscutible que nos encontramos ante un supuesto de ausencia absoluta, que debe ser resuelta bajo las reglas de la misma Constitución.

Allí, por ejemplo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede tener un papel relevante, interpretando conforme a la Constitución las dudas que puedan generarse en torno al supuesto de ausencia absoluta y cómo solventarlas.

Luego, para la organización de las elecciones, la Sala Electoral puede tener un papel determinante al resolver asuntos vinculados a la recuperación de las condiciones de integridad electoral que son necesarias en Venezuela.

Ante la falta de voluntad política por parte de las autoridades interinas para derogar leyes que son contrarias a los derechos humanos, la Sala Constitucional puede declarar su nulidad.

Por esto es que la ruta de trabajo seguida por la Mesa de Negociación se sustenta en una lógica muy razonable: Venezuela está en unas condiciones de vulnerabilidad institucional tan graves que no puede soportar un proceso electoral como el de la presidencia de la República si antes no se estabilizan, al menos, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Naturalmente, eso no es incompatible con la exigencia de elecciones, en el sentido en el que las demanda María Corina Machado.

Pero luce lógico y prudente restituir previamente un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral para poder dar con seguridad ese paso.