Caracas Chronicles

 “¡No puedo creerlo, de verdad!” decía Nicolás Maduro la noche del 11 de agosto sobre Martha Lía Grajales en su programa de televisión, esta vez junto a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y otros hombres fuertes del aparato de seguridad.

“El fiscal Tarek William Saab me llamó para informarme de una investigación sobre sectores que se la dan de izquierda bohemia, y los utilizan como ONG para atacar desde dentro. Ellos lanzan para mancharme a mí, con envidia, mezquindad, o porque son unos traidores vendidos”, continuó descargándose Maduro.

“Pues no mancharon a Maduro ni lo harán nunca. Ustedes son los que quedaron manchados en el alma toda la vida. Cobardes y traidores”.

Maduro tomó la palabra para difamar a una activista que es antigua militante del chavismo, en ese momento activista desaparecida, que en los últimos tiempos y decepcionada de la deriva del proyecto revolucionario se dedicó a defender a víctimas de violencia de Estado de los estratos más vulnerables. Martha Grajales es la cabeza de SurGentes, un colectivo enfocado en derechos humanos con presencia en barrios como La Vega y San Agustín.

Según sus propios contenidos y actividades, SurGentes es frontal exponiendo las contradicciones entre las realidades de la Venezuela actual y los valores de justicia social y participación popular que esgrimía Chávez. Impulsó una campaña en 2019 contra las FAES y las ejecuciones extrajudiciales en los barrios, también usando el hashtag #NoEnNombreDeChávez y reivindicando la reforma policial del 2006 que llevó a la creación de la PNB.

Como a cientos más, a Grajales la obligaron a entrar a una camioneta sin placas y se la llevaron en la tarde del viernes 8 de agosto, tras finalizar una actividad frente a la sede de Naciones Unidas en Los Palos Grandes, Caracas.

A raíz de los operativos de las FAES en 2021, SurGentes ayudó a formar el Comité por los Derechos Humanos del Pueblo de La Vega y condenó “la criminalización de la pobreza” en ese barrio. También se solidarizó con los trabajadores presos de Maduro, y a un mes de la última elección presidencial, organizó un foro sobre el “pacto de élites y traición al pueblo trabajador” con la abogada María Alejandra Díaz, otra disidente chavista perseguida desde agosto de 2024.

Aún con el acento de su natal Colombia, Grajales es parte del capítulo venezolano del Pacto Histórico, la coalición de partidos que apoya la presidencia de Gustavo Petro. Su colectivo se alinea con muchas posturas de la izquierda hegemónica en América Latina, como el apoyo a Evo Morales durante la crisis política boliviana en 2019. Ni por esto dejó de ser blanco del tratamiento protocolar a los oponentes del régimen.

Como a cientos más, a Grajales la obligaron a entrar a una camioneta sin placas y se la llevaron en la tarde del viernes 8 de agosto, tras finalizar una actividad frente a la sede de Naciones Unidas en Los Palos Grandes, Caracas.

Porque Grajales, aunque quizás con otras formas y lenguaje, se había unido a la lucha por los presos políticos, la causa que más consume a muchas plataformas políticas y de sociedad civil hoy por hoy. SurGentes hizo público desde mayo su acompañamiento a uno de los comités surgidos en el último año, las Madres en Defensa de la Verdad, producto de la represión contra sectores populares tras la revuelta electoral. La labor de Grajales (abogada de profesión) y SurGentes ha sido integral en este sentido: dar visibilidad a los casos, asistencia legal a los familiares, y brindar apoyo material a los presos, como preparar y llevarle comida a los muchachos presos en Tocorón. También la organización de la protesta pacífica, algo que 10 días atrás resultó en la desaparición de la activista.

Secuestrada por defender a madres de víctimas

Uno de esos actos vino el 5 de agosto, cuando Grajales y las Madres hacían vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia solicitando audiencia con las magistradas Caryslia Rodríguez y Elsa Gómez, presidentas del TSJ y de la Sala Penal. Agentes de la PNB vigilaban la actividad, según SurGentes. Después de seis horas, el comité anunció a las 8:30 pm que ninguna de las dos funcionarias del régimen se había presentado, pero ellas permanecerían allí. 

A las 10, SurGentes denunció que colectivos armados irrumpieron en el lugar y atacaron a las madres poco después de retirarse las patrullas de la PNB.

“Golpearon a las madres y a las personas presentes, incluyendo una madre con un bebé y una mujer embarazada”, lee el comunicado de SurGentes.

“Robaron carteras, documentos de identidad, teléfonos, llaves, una corneta y varias carpas, arrastrando por el piso a quienes no querían entregar sus pertenencias. El grupo parapolicial empujó a todos los presentes durante cuatro o cinco cuadras, dispersándolos”.

Grajales fue al Ministerio Público y al CICPC al día siguiente pero ambas oficinas se negaron a registrar la denuncia. Mas sí ocurrió algo inédito. Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo nombrado por Maduro, reconoció y condenó el 7 de agosto la agresión contra la vigilia por “sujetos aún no identificados”, llamando a las víctimas a llevar su denuncia a la fiscalía. Según el exfiscal Zahir Mundaray, Grajales había formado parte de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una ONG en defensa de los DDHH en sectores populares, fundada por Ruiz en los años 80.

La propaganda chavista pintó a Grajales como una infiltrada que buscaba dividir a la revolución desde adentro y blanquear  “grupos violentos y terroristas”.

Para el viernes 8 de agosto, SurGentes convocó con Provea y el Comité por la Libertad de Lxs Trabajadorxs la actividad frente a la ONU en solidaridad con las Madres en Defensa de la Verdad. Entre los asistentes estaban el activista Marino Alvarado, el fundador de Provea Raúl Cubas, el icónico Señor Papagayo Rafael Araujo, y Martha Grajales con su esposo —también activista— Antonio González Plessman.

“Nosotras y nosotros, personas y organizaciones con distintas visiones sobre el país y sus conflictos, queremos unirnos en repudio a la violencia que vivieron más de 50 mujeres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad”, leyó Grajales durante el acto.

Al terminar, ella se habría acercado a los policías que vigilaban la actividad para explicarles que los colectivos le robaron la cédula. Luego llegaron otros policías y se la llevaron. Grajales estuvo tres días desaparecida mientras Alvarado y Antonio González la buscaban por los distintos centros de detención en Caracas. Alvarado dijo a Runrunes que cuatro veces fueron a una sede de la PNB en Maripérez, primera parada para muchos detenidos políticos, y cuatro veces negaron saber de Grajales los funcionarios allí, engañándolos y haciéndolos continuar la búsqueda por otros sitios.

La imputaron con incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir, según el anuncio de Tarek William Saab del lunes 11 de agosto. Al día siguiente la excarcelaron con medidas cautelares, y fuentes del chavismo afirman que “la investigación en su contra” seguirá en curso.

“Si te creíste la farsa sobre Martha Lía Grajales déjame decirte que te cayeron a coba”, dijo un empleado del Ministerio de Salud que hace propaganda para Maduro en redes sociales. “En estos momentos la señora está liberada, no se encuentra tras las rejas. Será sentenciada y juzgada desde su casa”.

Asesinato reputacional y conmoción en la izquierda

La propaganda chavista pintó a Grajales como una infiltrada que buscaba dividir a la revolución desde adentro y blanquear  “grupos violentos y terroristas”, como el Estado se refiere a capturados y asesinados durante y después de las protestas contra el fraude electoral. También la acusan de coordinarse con las estructuras políticas de María Corina Machado, de penetrar espacios “de organización popular y movimientos” de base del chavismo, y de mover dinero para financiar acciones desestabilizadoras y terroristas.

“Yo puedo entender que te dé vaina con las mamás de los guarimberos presos pues, a fin de cuentas, las mamás de esos chamos no tienen la culpa de las malas decisiones que sus hijos tomaron”, dice otra cuenta afiliada a la maquinaria de propaganda del Estado. “Pero de ahí a lanzar una cruzada mediática, a decir que esos chamos son inocentes y que el Estado hace mal en tenerlos presos, eso es otra cosa. Si estás haciendo eso definitivamente no te puedes llamar chavista”.

El chavismo también usó como “prueba” contra Grajales los pronunciamientos del Alto Comisionado Volker Türk y de figuras de la oposición más tradicional defendiéndola, como María Corina Machado, Miguel Pizarro y Zahir Mundaray.

 “Si una asesina, una criminal como María Corina Machado escribe un post solidarizándose con algún o alguna criminal, para mí es prueba suficiente de que está involucrada en todo esto”, dijo también Jorge Rodríguez. “Aquí la falsa izquierda camuflada, aquí todo el que busque la violencia va a enfrentar la justicia”.

Lo que más destaca fue la conmoción generada dentro de la izquierda dura regional y las posibles implicaciones dentro de los niveles más básicos del chavismo. Más de 800 intelectuales y activistas, incluyendo el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, exigieron su liberación inmediata. Medios comunistas reseñaron su desaparición. Lo hizo también Front Line Defenders, una ONG en defensa de dirigentes en el Sur Global. Y quizás crucialmente lo hizo el Pacto Histórico Venezuela, en un comunicado apelando al viejo apoyo de Grajales al proceso chavista y su oposición a Uribe y Gustavo Duque. Esto promovió la intervención del gobierno de Petro, que antes recibió a María Alejandra Díaz en la embajada en Caracas y defendió al excandidato presidencial Enrique Márquez.

Para ex militantes que hoy se oponen vocalmente al régimen, Maduro & Compañía habrían soltado a Grajales para evitar dividir a los movimientos organizados del chavismo que aún existen.

El ‘caso Grajales’ alude más que nada a la delgada línea que caminan los adeptos a la revolución que, aún en silencio, ven la gestión de Maduro como una traición al proceso de Chávez, y que no pueden justificar la destrucción del sistema electoral desde el 28J o la represión a diestra y siniestra. En el seno del PSUV se habla de prepotencia y falta de autocrítica, y que deben dejarse de sospechas contra sus propios seguidores por tener otra opinión.

“En una revolución nunca sobra gente”, dijo Elías Jaua al periodista chavista Oswaldo Rivero (alias Cabeza e’ Mango). Jaua también pidió la liberación de Grajales y ha compartido espacios de discusión con ella y González Plessman. “Hay gente que nos va a acompañar siendo crítica en algunos aspectos pero no estará de acuerdo con todo lo que tú haces”.

Para ex militantes que hoy se oponen vocalmente al régimen, Maduro & Compañía habrían soltado a Grajales para evitar dividir a los movimientos organizados del chavismo que aún existen —y tuvieron que ver cómo desaparecían a una de las suyas— entre aquellos que callan, y aquellos que critican o al menos discuten los desmanes en materia de derechos humanos.

“El gobierno no se siente preparado aún para romper con las bases de izquierda”, dijo Sergio Sánchez, ex miembro del PSUV y funcionario hasta 2017, hoy exiliado en EEUU. Señala que hubo una pulseada interna, pero “el gobierno reculó porque se le venía una fractura interna importante. La racionalidad se impuso sobre la soberbia”.

Estando aún desaparecida Grajales, la politóloga Marisela Betancourt comentó que ello podía significar un quiebre irreconciliable entre chavismo y madurismo con el potencial de reordenar el posicionamiento de la izquierda regional frente a Venezuela. Concluyó lo mismo que Sánchez cuando se supo de la excarcelación.

“Recularon, se les iba de las manos”, dijo Betancourt vía X. “Fue un globo de ensayo y parece que no les gustó el resultado”.