Caracas Chronicles

Los cambios en Venezuela son lentos e imperfectos, pero están ocurriendo. La pregunta no es si el chavismo va a intentar producir resultados que beneficien a los venezolanos, porque no tienen otra alternativa. La verdadera pregunta es cómo lo harán y quienes están en el terreno de juego tratando de moldear esos resultados.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos, la promulgación de la Ley de Amnistía y la propuesta de reforma de la Ley de Minas parecieran indicar que el vehículo para ejecutar las medidas institucionales que Estados Unidos está exigiendo es la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que carece de legitimidad y no cuenta con representación de la mayoría de los sectores políticos del país.

Hace dos semanas renunciaron a su cargo Tareck William Saab como fiscal general y Alfredo Ruiz como defensor del pueblo. Ambos venían ejerciendo estos cargos desde agosto de 2017 y utilizando el sistema de justicia en contra de quienes piensan diferente. Tras su renuncia, la Asamblea Nacional confirmó la encargaduría del Ministerio Público a Larry Davoe (vicefiscal) y de la Defensoría del Pueblo al propio Saab. Si bien su renuncia a la fiscalía representaba un paso hacia adelante, designar a Saab como defensor encargado fue un incumplimiento directo de la Constitución. Estas señales disonantes solo confirman que no hay voluntad política en los Rodríguez de caminar hacia una transición democrática.

El proceso de designación de los titulares del Poder Ciudadano se puso en marcha con la convocatoria del Comité de Evaluaciones, y una vez más, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil han decidido participar. La postulación de la Doctora Magaly Vásquez para la Fiscalía General es un ejemplo claro y refleja la misma lógica que impulsó a las organizaciones de derechos humanos a participar en las discusiones de la ley de amnistía: cuando la sociedad civil se une, puede aprovechar las mínimas condiciones para hacerse escuchar y presionar la toma de decisiones a, por lo menos, decisiones más “potables”.

¿Un futuro gobierno democrático tratará la ley de amnistía como ilegítima? ¿Se reconocerán los contratos en materia de hidrocarburos firmados por el régimen transitorio de Delcy Rodríguez?

En este proceso, como en el de las leyes mencionadas anteriormente, hay una ausencia: la representación de todos los factores políticos del país. Esta ausencia que incluye a gran parte de la oposición no se trata de un simple acto de egoísmo. Por el contrario, su posición está atada a valores y principios que no les permiten reconocer legitimidad alguna de la Asamblea Nacional. Esta postura merece respeto y admiración. Sin embargo, cabría preguntarse si esa postura inflexible les está impidiendo involucrarse en procesos que están produciendo consecuencias reales, para personas reales, dentro y fuera del país.

Sabemos que estos pasos no son gestos de democratización. Parecieran ser más bien concesiones puntuales para manejar las presiones externas y preservar el poder. Pero lograr la designación de un Fiscal General o un Defensor del Pueblo creíble, podría, aunque sea de manera gradual, comenzar a reconstruir cierta independencia institucional. 

Esto me lleva a preguntar a quienes en la oposición todavía se mantienen al margen: si no reconocemos estos procesos desde su origen, ¿qué ocurre con los resultados cuando llegue un eventual cambio político? ¿Un futuro gobierno democrático tratará la ley de amnistía como ilegítima? ¿Se reconocerán los contratos en materia de hidrocarburos firmados por el régimen transitorio de Delcy Rodríguez? ¿Se desconocerán las reformas institucionales que se puedan dar en el marco de la ruta que ha planteado EEUU? Estas preguntas surgen cuando se nota la ausencia de las principales figuras políticas, o cuando su presencia se queda solo en la crítica.

No se trata de preguntas retóricas ni mal intencionadas. Tampoco se trata de que dejen a un lado los principios. Se trata de que las organizaciones civiles necesitan acompañamiento, especialmente, de los partidos y movimientos políticos. Como quedó demostrado el 28 de julio de 2024, cuando el deseo de cambio en la sociedad se traduce en participación y es canalizado por los partidos, se convierte en un movimiento arrasador con el potencial de materializar esa voluntad de cambio.

También debemos ser realistas: la respuesta de los líderes opositores no puede ser un reconocimiento incondicional de la Asamblea Nacional. Esta sigue siendo, en términos estructurales, un instrumento de control autoritario. Lo que sí puede materializarse es el apoyo a la sociedad civil en los procesos de los que ya está participando. Estas muestras de apoyo no buscan legitimar a los diputados electos de forma cuestionable, buscan reconocer el trabajo y la lucha que las organizaciones intermedias están dando por abrir espacios de institucionalidad.

Convertir esta transición en un asunto venezolano requiere que los actores venezolanos reclamen la conducción de los procesos institucionales que se están desarrollando.

Un ejemplo claro de apoyo podría ser el mencionado al inicio de este artículo. El proceso de designación de los titulares del Poder Ciudadano no se debe rechazar desde su inicio. Se debe apoyar públicamente a quienes han decidido presentar sus postulaciones ante el Comité de Evaluaciones de la Asamblea Nacional y cuenten con las credenciales técnicas y ciudadanas, y al mismo tiempo poner sus nombres a circular en la palestra pública. Dicho más en criollo: hacer bulla. Esto permitiría que aumenten los costos para el régimen, frente a la administración de Trump, de escoger personas completamente opuestas, es decir, sin conocimientos técnicos y/o por lealtad política.

Tomar la decisión de apoyar la participación como un ente externo tiene implicaciones que se vuelven más claras con cada asunto que aparece en la agenda legislativa. La reforma presentada esta semana de la Ley de Minas, por ejemplo, no puede seguir el camino de la ley de hidrocarburos: una ley que fue aprobada sin consulta, sin transparencia, y sin la participación de quienes cargarán con sus costos. La academia, las organizaciones ambientales y las comunidades indígenas deben estar en la mesa de discusiones de la ley de minas. Y la oposición, si realmente aspira a representar a los venezolanos y no solo a oponerse al régimen, podría presentar ante las organizaciones que decidan participar en el proceso, sus proyectos de reforma a la ley. Así se estaría “tercerizando” la participación. No se reconocen los actores directos, pero se reconoce el trabajo de las instituciones que por años han preservado un espacio en las mesas de discusión.

Lo que está en juego es más que una ley específica, o un nombramiento. El 3 de enero desencadenó un proceso de transición en Venezuela, que esperemos llegue a un puerto seguro y concluya en unas elecciones libres. Pero no podemos olvidar que también corremos el riesgo de que estos cambios se conviertan en una negociación entre Estados Unidos y los remanentes del chavismo. Convertir esta transición en un asunto venezolano requiere que los actores venezolanos reclamen la conducción de los procesos institucionales que se están desarrollando. Por un lado, la sociedad civil como actor principal, y por el otro, la oposición debe decidir si seguirá al margen o se convertirá en un factor aliado.

Las transiciones nunca son perfectas porque en la mayoría de los casos las instituciones preexistentes no son confiables. Pero las decisiones tomadas dentro de esas instituciones tienden a ser más duraderas que las circunstancias que las originaron. Participar en un proceso defectuoso no significa claudicar en los principios. Negarse a la realidad del momento, por el contrario, permite que otros moldeen lo que será la arquitectura jurídica e institucional del proceso de transición y posiblemente de las próximas décadas.