Caracas Chronicles

Este 14 de julio pareciera como uno de los días clave del proceso político que vive Venezuela desde el 3 de enero. Temprano en la mañana, la Asamblea Nacional de 2015 anunció una agenda de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto “como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”. 

El anuncio fue retuiteado por Marco Rubio desde su cuenta personal en X. Luego, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2026 anunció el inicio de “una hoja de ruta conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020”.

Para el momento en el que se escriben estas líneas, no hay pronunciamiento de María Corina Machado.

Tal como lo decíamos hace poco más de una semana, si la Administración Trump no quiere que María Corina Machado sea quien impulse el proceso que nos lleve a unas elecciones libres, y la última señal clara que envió fue que se involucrase a la AN de 2015, quizá esa sea la ruta que haya que seguir.

Hoy ya está claro que esa es la ruta preferida por la Administración Trump.

Pero, como también señalábamos, eso no significa que Machado no pueda ser candidata. Lo que podemos inferir de estos últimos acontecimientos, es que la Administración Trump prefiere que la ruta institucional se construya entre la AN de 2015 y la AN de 2026.

Desde un punto de vista jurídico, es difícil sostener que la AN de 2015 es la Asamblea Nacional actual de Venezuela. Sí fue la última Asamblea Nacional legítimamente electa, bajo unas condiciones mínimas de integridad electoral, y es la última institución estatal reconocida explícitamente por EEUU hasta el 3 de enero de 2026. El 11 de marzo el Departamento de Justicia presentó una carta la Corte del Distrito Sur de Nueva York, junto con una carta del Departamento de Estado, en la que se advirtió que “Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, facultada para actuar en nombre de Venezuela”.

La elección de un nuevo CNE es urgente, y debe retomarse el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario restituir el control de los partidos políticos a sus legítimos dirigentes.

Por ello, el valor de la AN de 2015 es ese: fue el último Parlamento electo en una elección mínimamente competitiva y tiene el respaldo político de la Administración Trump para avanzar en la ruta institucional hacia la transición.

La conversación sobre la ruta institucional es urgente, porque llegar a las elecciones tomará tiempo. Primero, hay que crear las condiciones de integridad mínimas para tener una elección aceptable. Segundo, tiene que producirse el regreso de Machado y los demás exiliados políticos. Tercero, tiene que darse la campaña, en un ambiente aceptable para el tutor, sin que haya forma de medir qué puede entender el tutor sobre ambiente aceptable para las elecciones. Menos después de los terremotos.

Transparencia Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello han mapeado lo que hace falta para lograr esas condiciones de integridad electoral. Ya ese trabajo está hecho. Ahora falta comenzar a señalar plazos para los procesos. La elección de un nuevo CNE es urgente, y debe retomarse el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario restituir el control de los partidos políticos a sus legítimos dirigentes.

Jorge Rodríguez dijo esta semana que la reconstrucción era la única prioridad y que era inmoral dedicarse a la renovación del TSJ y el CNE cuando lo que importaba ahora era atender a los sobrevivientes. Pero todo esto es más urgente debido a la precaria situación constitucional de la presidencia. Justo en este momento está corriendo el plazo de 30 días dentro de los cuales deben celebrarse elecciones al haber falta absoluta de Nicolás Maduro. Es muy mal precedente que este proceso inicie con una violación a la Constitución de esa magnitud.

Por todo eso, necesitamos comenzar a conversar para responder esta pregunta: ¿cuál es la ruta institucional que se va a seguir para la transición venezolana?