Caracas Chronicles

La semana pasada, el subdirector de gabinete para Política y Seguridad Nacional de EEUU, Stephen Miller,l asomó una versión marcadamente distinta de la nacionalización petrolera venezolana de 1976. Es provocadora, pero no resiste el contraste con los hechos.

El presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979) proclamó la toma de la industria petrolera el 1 de enero de 1976. Este anuncio ocurrió en el histórico campo de Mene Grande en el estado Zulia. El traspaso de control privado a un modelo estatal del sector hidrocarburos se realizó sin percances. Las principales multinacionales fueron compensadas, invitadas a trabajar con la nueva compañía pública, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como proveedoras de servicios y tecnología, y el proceso no generó ningún incidente diplomático con Estados Unidos. Una breve mirada sobre los hechos descarta cualquier reclamo de “robo de la riqueza americana y su propiedad” ya que “la tiránica expropiación” fue precisamente diseñada para evitar el tipo de ruptura que el señor Miller describe.

La nacionalización (o mejor dicho estatización) de la industria petrolera respondió a eventos globales que tomaban forma en el Medio Oriente hacia 1970. Desde luego que los políticos en Venezuela habían soñado durante mucho tiempo con otorgarle al Estado el control total sobre el sector más importante de la economía del país. Sin embargo, los planes para una toma de los campos petroleros siempre fue nebulosa, un objetivo a lograrse en un futuro distante. Fue nada menos que Muammar Gaddafi (quien gobernó Libia de 1969 a 2011) quien le dio a los legisladores venezolanos un horizonte concreto a partir del cual materializar el control total sobre el sector de los hidrocarburos. El líder libio incrementó de manera unilateral las regalías e impuestos sobre las multinacionales, junto con con Irán, siguiendo los mismos pasos de cerca. La OPEP formalizó después esta estrategia de pujar por mayores precios en su reunión de diciembre de ese mismo año. Lo que sucedió en 1971 envió ondas de choque a través del mundo: Libia dio un paso más y nacionalizó su industria, seguida por Argelia e Irak. Este proceso rápidamente se expandió al resto del Medio Oriente, proveyendo el contexto sobre el cual se dio la escasez de combustible de esa década y la crisis energética de 1973.

Esta situación global saludó al presidente Rafael Caldera (1969-1974), un demócrata-cristiano del partido COPEI, decidido a aprovechar estos vientos favorables. Muy pronto toda bancada en el Congreso buscó ser más patriota que nadie. Caldera se alzó como el más nacionalista de todos, impulsando varios decretos ejecutivos y leyes destinados a expandir el control del gobierno sobre la industria. Para cuando el mandatario le entregó el poder a Pérez, en enero de 1974, Venezuela ya tenía un control completo de facto sobre todo el sector de hidrocarburos. Durante la campaña presidencial de 1973 nacionalizar era la única opción política viable para triunfar. Una vez electo, Pérez autorizó la creación de una Comisión Presidencial encargada de estudiar el proceso de nacionalización de la industria y el desarrollo de una propuesta de ley para ese efecto, a ser remitida al Congreso en 1975. Los venezolanos de a pie compartían el fervor sobre el posible control de la nación sobre sus riquezas naturales, aunque de manera ambivalente.

La nacionalización se convirtió en un hecho consumado sin antagonismos con el gobierno de Estados Unidos o las multinacionales

Encuestas realizadas por el semanario político Resumen arrojaban un amplio apoyo hacia la nacionalización. Sin embargo, los consultados también evaluaban de manera muy favorable las condiciones de trabajo ofrecidas por las concesionarias extranjeras y muchas incluso querían que el capital extranjero permaneciera en Venezuela después de la nacionalización  dado el alto nivel de confianza que transmitían sus experimentados gerentes nacionales. Al mismo tiempo, la población manifestaba dudas sobre la capacidad del estado de gerenciar industrias complejas, aunque creía que su destreza gerencial aumentaría con el tiempo, y que en última instancia un sector petrolero público era de interés nacional. Ese matiz rara vez se escuchó en los pasillos del Palacio Federal Legislativo.

COPEI y una constelación de partidos de centro-izquierda e izquierda presionaron por una nacionalización inmediata y sin ningún rol para el capital extranjero. Algunos llegaron a oponerse a cualquier compensación (o incluso demandársela directamente a las concesionarias por daños al país!) y miraban con buenos ojos una confrontación directa con las multinacionales de ser necesario. Además miembros de estas organizaciones veían a los empleados venezolanos que trabajaban para las empresas estadounidenses y británicas como amenazas a una nacionalización “genuina” de la industria. Los gerentes nacionales pronto se encontraron bajo ataque de políticos que los acusaban de tener “sus mentes colonizadas” por las concesionarias. También eran vistos como “centros de actividad anti-venezolana.” Los insultos que llovían en la prensa y los espacios públicos pronto impulsaron a estos técnicos y gerentes a organizarse y tomar acción. Liderados por empleados de nivel intermedio como el geólogo Gustavo Coronel de la Royal Dutch Shell, esta clase se organizó como la Agrupación de Orientación Petrolera (AGROPET). El objetivo central de este grupo fue ayudar al país a prepararse y tomar responsabilidad plena sobre el control del sector de hidrocarburos.

 Desde marzo de 1974 hasta 1975, AGROPET desarrolló una campaña pública a favor de una nacionalización ordenada y compensada, construída alrededor de la continuidad y no el quiebre con tintes políticos. Estas actividades incluyeron la aparición en programas de radio, entrevistas en la televisión, publicación en periódicos y participación en foros públicos como comités congresionales o conversaciones con el Comité Presidencial de Pérez. La ironía es que este cuerpo ejecutivo estuvo formado por miembros de amplios sectores de la sociedad y, sin embargo, nunca incluyó a los mismísimos técnicos y gerentes que manejaban la industria.

AGROPET rápidamente encauzó el debate sobre la nacionalización hacia una solución tecnocrática. El momento estelar de esta organización se dio en enero de 1975, cuando sus líderes se reunieron con el presidente Pérez y le presentaron lo que se convertiría en el plan maestro de nacionalización de 1976. La clase gerencial nacional planteaba la constitución de una industria pública fundada en la eficiencia administrativa, el progreso tecnológico, apoliticismo y un manejo gerencial sabio, no una ruptura politizada. Su modelo sugería la creación de una compañía matriz (holding) y cuatro filiales que absorberían las operaciones de las concesionarias. La nueva cultura organizacional mezclaría las prácticas heredadas de la Creole Petroleum Corporation y la Shell, y el nuevo sector de hidrocarburos mantendría sus vínculos con sus predecesoras foráneas. Bajo este esquema, PDVSA se convirtió, en efecto, en la descendiente directa de las multinacionales que crearon la moderna industria petrolera nacional.

Persuadido por los gerentes venezolanos, Pérez apostó por la ruta tecnocrática y mandó al Congreso un proyecto de ley de nacionalización que enmendaba el original entregado por la Comisión Presidencial. Especialmente, la nueva versión permitía el retorno del capital extranjero al sector hidrocarburos bajo el Artículo 5. El parlamento controlado por AD defendió el nuevo proyecto de ley y lo aprobó en agosto de 1975. Dos meses después, Creole y las otras firmas extranjeras aceptaron un paquete de compensación de alrededor de un millardo de dólares por concepto de expropiación de activos.

La nacionalización se convirtió en un hecho consumado sin antagonismos con el gobierno de Estados Unidos o las multinacionales. Constituyó una continuación más que un parteaguas en las relaciones que el Estado venezolano y las firmas aceiteras extranjeras desarrollaron a lo largo del siglo XX bajo nuevos términos. PDVSA rápidamente firmó contratos de servicio y tecnología con las mismas compañías que había expropiado. Lo que es más significativo es que este desenlace fluido fue, en parte, una consecuencia no prevista de la venezolanización: la integración deliberada de venezolanos a todos los niveles de la industria, de trabajador a presidente, iniciada por Creole y Shell en la década de 1940. Inusual en el sector de hidrocarburos de la época, fue una pieza dentro de un conjunto más amplio de prácticas de responsabilidad social empresarial que estas firmas implementaron en Venezuela. Los nacionales entrenados bajo este sistema ayudaron a que la transición hacia control estatal fuera ordenada y ampliamente beneficiosa para las partes.

No obstante, para mucha de la oposición política el resultado fue agridulce. Varios denunciaron el carácter chucuto de la nacionalización y el Artículo 5 como una vil traición. Algunos deseaban un desenlace dramático al estilo de Cárdenas en México, Mossadegh en Irán, o Velasco Alvarado en Perú, situaciones bajo las cuales el caso de robo de propiedad americana al menos se podría argumentar. Para 1976 Venezuela sencillamente no estaba envuelta en ningún tipo de drama, y una vez el traspaso se completó, los negocios continuaron como siempre a pesar de los lamentos de ciertos parlamentarios.

La nacionalización de 1976 fue diseñada para evitar cualquier confrontación. Es importante atender a la historia con rigor. Si la actual administración estadounidense quiere citar este episodio para justificar presiones, escaladas o medidas excepcionales, corre el riesgo de escoger un ejemplo débil, precisamente porque el proceso aquí descrito evitó el tipo de choque que invoca el señor Miller. Así que por este camino no es.