Caracas Chronicles

En los últimos días, el debate público venezolano se ha llenado de comparaciones entre lo ocurrido tras la operación militar estadounidense del 3 de enero y la era de Juan Vicente Gómez (1908–1935), el caudillo andino que gobernó durante 27 años. El detonante inmediato es la propuesta de la Asamblea Nacional de reformar la Ley de Hidrocarburos de 2006, diseñada para reabrir la industria petrolera al capital privado.

Chavistas desplazados como Andrés Izarra sostienen que la reforma es inconstitucional y que evoca los términos “serviles” bajo los cuales Gómez otorgó concesiones petroleras a empresas extranjeras en la década de 1920. Sin embargo, la comparación va más allá del petróleo: la economía política del chavismo se parece a la de Gómez en tres rasgos recurrentes: rentas monopólicas, pactos opacos con el capital y una represión que también funciona como sistema de extracción.

Estudiosos de la Venezuela de comienzos del siglo XX han mostrado que la corrupción y la privatización del cargo público durante la era de Gómez no fueron simples vicios del régimen: funcionaron como herramientas de gobierno que ayudaron a financiar la coerción, recompensar a los leales y construir un Estado poderoso y centralizado. Gómez armó una coalición gobernante al atar a caudillos regionales y a intereses civiles emergentes a rentas del Estado, sobre todo mediante monopolios concedidos a la sombra del dictador. El arreglo resulta familiar para los venezolanos que han visto al chavismo fusionar lealtad política, acceso a recursos estatales y enriquecimiento personal en una sola lógica de dominación. Esos mecanismos se observan con mayor nitidez en la economía política de los monopolios, los contratos y las cárceles.

El cargo público como negocio privado

En primer lugar, las rentas monopólicas han prosperado bajo el autoritarismo. Con Hugo Chávez, la erosión progresiva de los contrapesos y el vaciamiento de los controles democráticos ayudaron a reconstituir una lógica patrimonial de gobierno. El acceso discrecional a los recursos del Estado se convirtió en una moneda central de lealtad política. Con el tiempo, el gobierno confió a altos oficiales militares la “administración” de sectores estratégicos y empresas estatales, creando incentivos en los que la lealtad institucional y el interés personal se volvieron difíciles de separar. Junto a esos nombramientos, la densa arquitectura de controles y cuellos de botella burocráticos del Estado abrió nuevas oportunidades para extraer rentas, trasladando costos a los venezolanos mientras se protegen aquellos con conexión al poder. 

Una lógica política similar construyó poder en Venezuela hace más de un siglo. Gómez consolidó su coalición gobernante mediante un entendimiento tácito: un cargo público podía tratarse como un negocio privado, siempre que se mantuvieran la lealtad y el orden. Un flujo de ingresos particularmente confiable que lubricó esas redes clientelares vino del negocio ganadero. Desde temprano, el autócrata y su círculo aprovecharon el control sobre el suministro de ganado y los mataderos, respaldados por impuestos selectivos y privilegios regulatorios, para asfixiar a competidores y recompensar aliados. Otro mecanismo, más abiertamente fiscal, fue el arrendamiento de impuestos: el Estado otorgaba a particulares el derecho de recaudar tributos federales -el impuesto al alcohol fue un caso emblemático- , a cambio de un pago fijo al tesoro, dejando al recaudador libertad para quedarse con el excedente. Muchas de las prácticas que hoy asociamos con el petroestado ya estaban incrustadas en monopolios cotidianos sobre la carne y el licor. El petróleo no inventó la búsqueda de rentas; la amplificó, convirtiendo prácticas conocidas de acceso privilegiado en rentas muchísimo más lucrativas.

Los CPP de Delcy trasladan a actores privados las cargas operativas y de inversión, mientras el Estado mantiene el control político. Estos acuerdos han creado una nueva clase de intermediarios cuya rentabilidad depende menos de la competencia que del acceso privilegiado a quienes toman las decisiones.

Si el ejército se benefició de monopolios en la agricultura y la ganadería, el petróleo le dio a Gómez un instrumento más amplio: le permitió cooptar a élites civiles que desde hacía tiempo recelaban de la hegemonía andina. Más allá de la familia inmediata del autócrata, los beneficiarios más visibles del comercio de concesiones fueron abogados, ingenieros, banqueros y otros miembros de las clases profesionales, que monetizaron el acceso, el papeleo y la proximidad al poder en la nueva economía petrolera.

Una dinámica comparable ha aflorado en medio del colapso de PDVSA. A medida que el gobierno fue ignorando el marco de hidrocarburos vigente, los “contratos de participación productiva” (CPP) surgieron como un atajo relevante. Estos arreglos trasladan a actores privados las cargas operativas y de inversión, mientras el Estado retiene el control político. Medios de investigación han documentado cómo estos acuerdos opacos han creado una nueva clase de intermediarios cuya rentabilidad depende menos de la competencia técnica que del acceso privilegiado a quienes toman las decisiones. La Ley Antibloqueo, por su parte, ha servido de paraguas legal para la confidencialidad, blindando los términos de estos contratos del escrutinio público en nombre de la seguridad nacional y de la evasión de sanciones.

Este patrón no es un eco accidental de la era concesionaria de los años veinte: el pacto con el capital extranjero entonces no fue meramente económico, sino político y deliberadamente opaco. Y cuando los monopolios y el acceso privilegiado se endurecen como sistema, quienes no pueden pagar para evitarlo terminan absorbiendo los costos; quienes lo desafían directamente suelen enfrentar una sanción más dura que la mera penuria económica: la cárcel.

Miedo extractivista 

La Rotunda se convirtió en un símbolo de la opresión política bajo Gómez. En sus celdas, los presos políticos soportaron torturas sistemáticas y humillaciones, y los agentes del régimen convirtieron el cautiverio en un mercado mediante la extorsión constante por dinero, comida y favores. Muchos detenidos fueron sometidos a trabajos forzados, de modo que la infraestructura que levantaron, carreteras y autopistas, y que la dictadura exhibía como “modernización,” a menudo llevaba la huella oculta de cuerpos coaccionados.

Esa misma lógica resulta dolorosamente reconocible hoy para las familias con parientes recluidos en El Helicoide y otros centros de detención. Llevan medicinas, alimentos y provisiones básicas solo para enfrentarse a un sistema en el que guardias e intermediarios pueden confiscar, retener o exigir pagos simplemente para entregar lo indispensable, o incluso para confirmar que el detenido sigue allí. El encarcelamiento se vuelve no solo represión, sino otra fuente de ingresos: un mecanismo de extracción montado sobre el miedo.

Si el precedente de Gómez enseña algo, es que una vez que se rompe un equilibrio autoritario, restaurar el viejo orden resulta mucho más difícil que improvisar uno nuevo.

Estos paralelos ayudan a explicar por qué ambos sistemas resultaron tan resilientes: pudieron sortear sacudidas internas combinando represión y cooptación, y haciendo del acceso a las rentas el pegamento de cohesión de las élites. Sin embargo, persisten diferencias importantes.

El amanecer y el ocaso de la democracia

Gómez gobernó un país todavía marcado por las secuelas de las guerras civiles y por instituciones nacionales frágiles. Parte de su relevancia histórica radica en que su dictadura centralizó la coerción, construyó un aparato estatal y disciplinó a los caudillos regionales: una infraestructura que gobiernos posteriores pudieron, con el tiempo, abrir. La democracia no llegó de forma automática, pero la sucesión posterior a 1935 sí produjo una apertura cautelosa bajo los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, a medida que la oposición política presionaba por cambios.

El chavismo, en cambio, surgió por la vía electoral. Al inicio habló el lenguaje de la participación y la inclusión, pero con el tiempo vació sistemáticamente los contrapesos democráticos y concentró el poder de forma que destruyó la  autonomía institucional. En cualquier caso, ninguno de los dos modelos era sostenible indefinidamente. Ambos terminaron enfrentando momentos de sucesión, y la pregunta dejó de ser cuánto podían durar para pasar a ser qué, exactamente, los reemplazaría.

En ambas transiciones, no fue la presión doméstica ordinaria la que rompió estructuralmente el pacto autoritario, sino un shock externo decisivo. Gómez sobrevivió conspiraciones, incursiones y oleadas de disidencia; al final, solo la muerte lo removió. Para el chavismo, la extracción de Maduro por parte de Estados Unidos alteró de golpe el equilibrio de poder dentro de la coalición gobernante, fracturó el statu quo entre facciones y las obligó a operar, por un futuro previsible, bajo la sombra de Washington.

Tras 1935, López Contreras y Medina Angarita se movieron rápido para neutralizar los remanentes más depredadores del gomecismo, incluido el círculo familiar. Encauzaron el sistema, gradualmente, hacia la consolidación institucional y una apertura política. Ecos de ese momento sucesorio hoy vuelven a rondar la política venezolana.

Es demasiado pronto para saber hacia dónde conduce esta transición, quién definirá su proyecto o qué contra-movidas desatará. Si el precedente de Gómez enseña algo, es que una vez que se rompe un equilibrio autoritario, restaurar el viejo orden es mucho más difícil que improvisar uno nuevo. Queda por verse si esa improvisación produce una apertura democrática, o un chavismo reconstituido capaz de sobrevivir incluso donde el gomecismo no pudo. Esa es, en última instancia, la pregunta central.