Caracas Chronicles

En los comunicados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, de la Asamblea Nacional de 2026 y del Departamento de Estado se fija el 1 de agosto como la fecha a partir de la cual comenzaría una hoja de ruta que debe llevar a una transición política en Venezuela.

Los incentivos que tienen los distintos actores para adelantar o retrasar ese proceso de negociación política son claros. Al gobierno interino de Venezuela (así lo califica el comunicado del Departamento de Estado) le interesará demorar la ruta lo más que pueda para prolongar su tiempo en el poder y preservar el actual estado de cosas. A la Comisión Delegada de la AN de 2015 le ofrece una ventana de oportunidad para adquirir relevancia, y mostrar que es capaz de imprimirle velocidad a la agenda que Dinorah Figuera anunció antes que cualquier otro actor. La Administración Trump querrá que este proceso vaya a un ritmo que no conspire contra su control del país hasta la celebración de elecciones (y quizá más allá). A María Corina Machado le conviene que se desenvuelva de manera que gane control y se generen las condiciones para ser la candidata de la oposición en las próximas elecciones presidenciales.

Otros actores menos protagónicos intentarán influir en el proceso. Ya se ha visto el líder de AD Henry Ramos Allup intentando marcar posición, por ejemplo para defender la participación de Machado, lo mismo que hizo Henrique Capriles, y habrá otras voces pronunciándose en esa línea seguramente en los próximos días. Quienes aspiren a una nueva Asamblea Nacional y a nuevas elecciones en gobernaciones y alcaldías seguro intentarán también influir en el proceso.

Pero vayamos a la conversación que más interesa a poco menos de dos semanas del 1 de agosto: ¿cuál puede ser la ruta institucional para llegar a esa transición política a través de elecciones libres?

Un nuevo CNE

Ya que las elecciones son administradas por el Consejo Nacional Electoral, pareciera que lo primero debe ser, precisamente, elegir un nuevo directorio del CNE. 

Elegir uno que sea fiable puede ser el primer reto. No basta lo que ha sido ofrecido anteriormente: mayoría de tres o cuatro personas cercanas o aliadas del sector oficial y uno o dos “independientes” o cercanos al mundo opositor. Se necesita un directorio conforme a lo que exige la Constitución en su artículo 296, formado por “cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”.

Ese CNE debe empezar con una tarea esencial: la depuración y actualización del Registro Electoral Permanente. Es clave que se permita el voto de los venezolanos en el exterior y que se creen las condiciones logísticas y diplomáticas para que ello sea posible.

Un nuevo TSJ

Bajo el sistema constitucional venezolano, las decisiones del CNE pueden ser controladas judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De forma directa por la Sala Electoral. De forma indirecta por la Sala Constitucional.

Por ello, se necesita al inicio de la ruta la designación de nuevos magistrados tanto en la Sala Electoral como en la Sala Constitucional. El artículo 263 de la Constitución señala claramente las condiciones que se requieren para ser magistrado del TSJ. En mayo de este año fue reformada la Ley del TSJ para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados. La Sala Constitucional (la más importante) está compuesta por siete magistrados. Ese aumento significa que deben ser electos 12 nuevos magistrados. Además, un número importante de los actuales 20 magistrados está en edad de jubilación.

Esto, igual que como pasa con el CNE, se hace a discute y decide en la Asamblea Nacional, cuya mayoría responde a Jorge Rodríguez. Tendría que ser una decisión del chavismo, o producto de un quiebre político, que los derechos políticos del país no oficialista sean considerados tanto al elegir rectores del CNE como al designar magistrados del TSJ. Lo cual tiene que ver con el punto siguiente.

Restaurar derechos civiles y políticos

Por varios años, los principales partidos y actores políticos venezolanos fueron confiscados y perseguidos a través de distintas medidas administrativas, como las dictadas por la Contraloría General de la República para inhabilitar candidaturas, hasta judiciales para sustituir las juntas directivas de los partidos de oposición como COPEI, Primero Justicia y Acción Democrática. Es preciso que se levante un informe con todas esas medidas y se establezca un plan de acción para que todas esas medidas sean revertidas, y se permita a los partidos y líderes políticos actuar y regresar a Venezuela.

Luego debe procederse a reformar aquellas leyes y regulaciones administrativas que desde mucho antes del 3 de enero restringían la libertad de expresión y las condiciones para celebrar elecciones, como la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Simón Bolívar o la Ley de la Contraloría General de la República. Lo mismo hay que hacer respecto a las resoluciones del CNE que han restringido de alguna manera la participación política y ciudadana en los procesos electorales. Además, deben revisarse los casos en los cuales se ha planteado que la Ley de Amnistía de 2026 no es aplicable, como pasa con María Corina Machado.

Dado que los incentivos de los actores de este proceso no están ni estarán alineados, como mostramos más arriba, es clave que se fijen de inmediato los plazos en los cuales se irán produciendo las fases del proceso a partir del 1 de agosto. Eso permitirá ver que tanto compromiso hay entre las partes para avanzar hacia la transición.

Seguro hay condicionantes a este proceso que no son públicos, y que van a moldear las fases y ritmos del proceso. Pero es importante que empecemos la conversación pública sobre ideas para abordar esta fase clave de la vida política a partir del 1 de agosto.