Caracas Chronicles

Desde Washington no hay una sola política hacia Venezuela. Por el contrario, después del 3 de enero ha mostrado tener dos que, por ahora, evitan chocar. La primera la ejecuta la Casa Blanca y es una estrategia pragmática, gradual, y dispuesta a sentar en una mesa a actores opositores más allá de María Corina Machado y Edmundo González. Y la segunda, la ha sostenido el Congreso desde la extracción de Nicolás Maduro y recientemente se tradujo en una resolución bipartidista del Senado, en la que insisten en que ambos son los líderes de la oposición. La pregunta aquí no es cuál de las dos caras va a imponerse, sino por qué a los Estados Unidos le conviene que las dos sigan existiendo al mismo tiempo. 

La última semana ha mostrado cómo funciona el tablero. El 1 de agosto, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera activaron por teléfono el diálogo entre el “gobierno” de Delcy Rodríguez y los remanentes de la Asamblea Nacional de 2015, con el gobierno de Trump como promotor. Cuatro días después, la resolución del Senado reafirma a González como presidente electo. Si bien, el fin de la resolución es el mismo que ha sido anunciado por la administración (elecciones libres) al reconocer la ilegitimidad electoral del gobierno de Delcy Rodríguez.

En el medio de ambos lados, Marco Rubio pidió paciencia a los venezolanos (“meses, no años”) para la realización de elecciones, y el Representante demócrata Jonathan Jackson (que había viajado a Caracas en julio con la delegación de la Cámara de Representantes) dejó ver que ni siquiera dentro del Congreso, hay una sola lectura de lo que EEUU debería estar haciendo en Venezuela. Sin embargo, el solo hecho que un demócrata haya logrado el permiso para viajar con la delegación dice mucho más de lo que parece.

Dos caminos, ¿un mismo destino?

Para la Casa Blanca, Venezuela ha dejado de ser (si alguna vez lo fue del todo) una cuestión de principios democráticos, y se ha convertido en una ecuación de estabilización: energía, migración y seguridad hemisférica. Las tres fases del Secretario Rubio lo dicen con franqueza: estabilización económica, recuperación y reconciliación, y transición. Esta secuencia subordina los intereses de los EEUU de lo democrático a lo transaccional. La misión del FMI avanzando en Caracas, el interés del secretario de Energía Chris Wright en el sector petrolero, y la comparación que hizo Rubio con transiciones que tomaron “casi tres años y medio” en países como Paraguay y España, confirman que la Casa Blanca está dispuesta a administrar el tiempo político venezolano de una forma gradual, controlada, y sin sobresaltos que afecten el precio del petróleo. El Congreso, en cambio, no carga con esa responsabilidad ejecutiva. Puede permitirse hablar en el lenguaje de los principios porque no tiene que sentarse a negociar barriles ni fechas.

La administración Trump excluyó a Machado y Edmundo González del proceso que arrancó el 1 de agosto, algo que ambos confirmaron públicamente, dejando claro que no obstaculizarían el proceso. El puesto en la mesa fue ocupado por Dinorah Figuera y una delegación de diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, que, si bien no responde al partido de Machado directamente, está compuesta por militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular, dos partidos que han acompañado a Machado y González en todo momento.

Blindar esa postura de forma bipartidista es, en el fondo, una manera de que el tutelaje estadounidense sobre Venezuela sobreviva más allá de Trump.

La resolución del Senado, mientras tanto, hace lo contrario: nombra explícitamente a Machado y a González como los referentes legítimos, y describe a Delcy Rodríguez como alguien que carece de mandato electoral y que difícilmente ganaría unas elecciones libres. Es un texto que no deja espacio para la ambigüedad que sí se permite la Casa Blanca.

¿Por qué este cambio de luces? Mi primera respuesta sería que el Congreso, y en particular los comités de Asuntos Exteriores de ambas cámaras, tiene un incentivo institucional distinto al de Trump, y es sobrevivir a los ciclos electorales y a los cambios de administración. Una resolución que ata el reconocimiento de legitimidad a Machado y González no depende de quién esté en la Casa Blanca en 2029. Blindar esa postura de forma bipartidista es, en el fondo, una manera de que el tutelaje estadounidense sobre Venezuela sobreviva más allá de Trump, incluso si el próximo inquilino de la Casa Blanca decide cambiar de estrategia.

¿Quiénes son los actores y cuáles son sus intereses?

En el tablero del Congreso vale la pena ver quiénes son las piezas, porque no es un dato menor de cara a las elecciones de medio término en noviembre.

En el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores lo preside Jim Risch (R), con Jeanne Shaheen (D) como ranking member. La subcomisión específica para el Hemisferio Occidental la preside John Curtis (R) con Tim Kaine (D). Ahí está el primer dato relevante: Shaheen, la voz demócrata que ha codirigido junto a Ted Cruz (Rep) la resolución del 4 de agosto anunció que no buscará reelección en 2026. Se retira del Congreso, pero deja el texto como legado, una jugada que también le quita a Trump un interlocutor demócrata crítico dispuesto a presionar públicamente.

Risch, presidente del Comité, sí está en la boleta de noviembre, y John Cornyn (Republicano que ha sido crítico de Trump) va de salida, lo que le permite mostrarse más duro en política exterior, incluso cuando esto no sea la postura de la Administración. Cruz, en cambio, no vuelve a competir hasta 2030, con lo cual no tiene interés electoral, y no es casualidad que sea él quien lidere la resolución más dura hacia el régimen de Delcy.

En la Cámara, el Comité de Asuntos Exteriores está compuesto por más de cincuenta miembros. Lo preside Brian Mast (R), quien lideró la delegación de julio a Caracas, con Gregory Meeks (D) como ranking member. La subcomisión del Hemisferio Occidental, que ha servido como el espacio de la Cámara donde se define buena parte del tono hacia Venezuela, la preside María Elvira Salazar (R) con Joaquín Castro (D) como ranking member, y está integrada por otros 13 miembros (seis Republicanos y cinco Demócratas).

Un Congreso con más demócratas electos, o con republicanos que sobrevivieron elecciones más duras en las que se están exigiendo resultados visibles, presionará con más fuerza para que el proceso iniciado en Venezuela no sea sólo retórico, sino que se traduzca en una transición concreta.

Los trece buscan reelección en 2026, con lo cual, el rol que cumplan hasta noviembre permitirá mantener el dominio republicano en el Comité o el cambio de dirección al Partido Demócrata. Una cosa que también vale la pena anotar es que Michael Lawler (Rep), que representa uno de los tres distritos republicanos donde ganó Kamala Harris en 2024, coqueteó meses con lanzarse a la gobernación de Nueva York antes de decidir, en julio, quedarse en su asiento para no arriesgar la mayoría republicana en la Cámara. Es la misma lógica que empujó a Castro a no saltar al Senado de Texas. En un Congreso donde cada escaño cuenta, hasta los nombres con proyección nacional terminan quedándose donde están.

Otro dato que conecta las elecciones de medio término directamente con la comunidad venezolana, especialmente con la residente en el sur de la Florida es que en noviembre se define en una elección especial quién ocupará (para terminar el período) el escaño del Senado que dejó vacante Rubio al convertirse en secretario de Estado. Ese escaño, dada la composición demográfica del estado, no puede permitirse estar desconectado de la política hacia Venezuela. También es un escaño que en el 2028 deberá nuevamente someterse a las urnas. Con lo cual, quien entre en la contienda por alcanzarlo, deberá tener en mente la posición frente a Venezuela. 

El análisis de quiénes son los actores por parte del Congreso nos permite ver que la búsqueda del bipartidismo sobre la situación de Venezuela (que había sido así desde 2014) pareciera ser un mecanismo de institucionalización del “tutelaje”, más allá de quien ocupe el sillón en la Casa Blanca. Lo que sí puede cambiar —y probablemente cambiará después de noviembre— son las formas. Es decir, un Congreso con más demócratas electos, o con republicanos que sobrevivieron elecciones más duras en las que se están exigiendo resultados visibles, presionará con más fuerza para que el proceso iniciado en Venezuela no sea sólo retórico, sino que se traduzca en una transición concreta.

Lo que esto significa para los venezolanos

En medio de todas las tensiones, están los venezolanos, y aquí es donde la distancia entre Washington y Caracas se vuelve más incómoda. El diálogo del 1 de agosto discute la atención a las víctimas del terremoto, el fortalecimiento democrático y garantías políticas, una agenda modesta comparada con las exigencias que ha establecido Senado. Mientras tanto, dinero real está entrando a Venezuela a través de la misión del FMI, la cooperación energética, y los flujos que acompañan la “estabilización económica” que Rubio describe como primera fase. Y ahí el Congreso, pese a sus resoluciones firmes, tiene poco poder real de fiscalización sobre cómo se negocia y hacia dónde va ese dinero, porque las decisiones de política exterior y las licencias económicas siguen residiendo, en última instancia, en el Ejecutivo.

En lugar de dejar todos estos recursos a discreción del Ejecutivo, el Congreso pudiera asumir un rol más activo.

Por eso, las resoluciones simbólicas no bastan. Si el Congreso quiere que su reconocimiento de Machado y González sea algo más que un gesto, tiene herramientas concretas que todavía no ha usado a fondo, como por ejemplo: (i) condicionar cualquier alivio de sanciones o licencia petrolera a reportes obligatorios sobre el destino de los fondos que entran a Venezuela; (ii) exigir que el Departamento de Estado informe periódicamente al Congreso sobre el estado del diálogo del 1 de agosto, y (iii) atar la aprobación de nuevas licencias económicas a hitos verificables de la negociación como liberación de presos políticos, designación de Magistrados o de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, y en última instancia la publicación de un cronograma electoral.

En lugar de dejar todos estos recursos a discreción del Ejecutivo, el Congreso pudiera asumir un rol más activo. Nada de esto requiere que el Congreso se convierta en negociador, solo que deje de ser espectador de un proceso que se financia, en parte, con dinero que sí pasa por su jurisdicción. Para los venezolanos que llevan más de dos décadas esperando una transición real, la pregunta no es solo si Machado y González siguen siendo reconocidos por los Estados Unidos, la pregunta es si alguien en Washington va a rendir cuentas sobre lo que se está negociando en su nombre.

Ambas caras de la misma moneda nos permiten preguntarnos ¿Hasta dónde la “transición” es un acto en el cual los venezolanos tenemos poder de decisión? ¿Hasta dónde los intereses de los Estados Unidos se traducen en mejoras para los venezolanos? ¿Estamos dispuestos a mirar la institucionalidad por encima del liderazgo del momento? Habrá tantas respuestas como los venezolanos. Lo que sí podemos decir es que en este proceso, los Estados Unidos están cumpliendo un rol más allá de un simple “vigilante” y avanzan en la construcción de un “tutelaje institucional”.