Caracas Chronicles

En 1995, la edición número 34 de la Revista Bigott, publicación dedicada a la antropología y la cultura popular, hablaba de un renacer del sentimiento nacional tras las intentonas golpistas de 1992. En uno de sus artículos, se sostenía que cierto «envalentonamiento sabanero» del jefe golpista, su decisión de asumir la responsabilidad por lo ocurrido y la evocación de Simón Bolívar y del brazalete tricolor habían devuelto atractivo a una idea arraigada de lo nacional. El gobierno de entonces intentó aprovechar ese impulso para salvar el sistema, lo que, visto a la luz de cuanto ocurrió después, equivalía también a salvar la democracia. Pero el país estaba ya exhausto. Pesaban el descrédito de los partidos políticos, la resaca de la Venezuela saudita, la depresión que siguió al Viernes Negro, la corrupción generalizada, los bajos precios del petróleo y una institucionalidad que no supo renovarse.
Chávez ganó, y el joropo, las banderas y el canto del himno nacional a toda hora renacieron más allá del debate político. Entonces todo pasó a llamarse bolivariano, desde las escuelas hasta la república. Cada campaña se presentaba como una épica patriotera, una batalla o una consigna tomada del refranero popular. Pero con Chávez el gentilicio quedó fracturado. El país, la idea de lo nacional y sus símbolos fueron secuestrados. Pertenecían únicamente a quienes lo apoyaban. Así como se intentó crear una institucionalidad paralela a la existente, con los símbolos ocurrió algo semejante, dos banderas, dos escudos y dos formas de llamar a cada cosa. Mientras la lucha contra el imperialismo estadounidense se presentaba como una gesta, se hipotecaba a la república ante otras potencias y grupos a cambio de favores políticos. La soberanía se perdía tanto sobre el territorio como en la capacidad de sostener un Estado funcional al servicio de sus ciudadanos.
Esas estructuras paralelas, una derruida, la otra con pies de barro, pero implacable en la represión, desdibujaron los límites de la república. El país se fue ahogando en la corrupción y en la desaparición de sus identidades compartidas. ¿Qué podía defenderse? ¿A qué podía sonar, oler o saber un país que expulsó a millones de sus habitantes y acabó con su bono demográfico? Entre la violencia política, la inseguridad y los atropellos, la economía se redujo más de la mitad y pasó a regirse por la ley del más resiliente o del más enchufado, mientras se exacerbaba el individualismo. El país y sus virtudes se convirtieron en nostalgia de tiempos mejores o en promesa de un futuro incierto. El presente, entretanto, se fue desdibujando con amargura.

El chavismo, en su afán por mantenerse en el poder, secuestró también la soberanía popular. La excusa era que, aunque la oposición representara a la mayoría, no debía ser reconocida porque era entreguista y antipatriota. Después del robo de las elecciones de 2024 y de la intervención estadounidense del 3 de enero, quedó claro que la única soberanía que realmente le importa al chavismo es aquella que garantiza su propia supervivencia.

Desarticulado el país, dividida su gente y sumida en el abandono y el empobrecimiento, Venezuela se convirtió en la presa perfecta para el captor de turno. Del «mega acuerdo» anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y explicado vagamente por Delcy Rodríguez se desprende una conclusión, que los detalles sí importan. Tal como fue presentado, parece una cruel y triste entrega de soberanía, decidida entre gallos y medianoche, como tantas de las medidas anunciadas en estas décadas.
El ganador y su sátrapa se lo llevan todo, recursos y concesiones, como si se tratara de una versión contemporánea de la entrega del Congo a Leopoldo II. Un regalo forzado y macabro. Pero una cosa es tener acceso a las reservas y otra muy distinta saber cómo se extraerán esos barriles. La pregunta es qué garantías tendrán los inversores y, sobre todo, qué recibirá el país a cambio. Entre lo anunciado y su ejecución se interpone todavía una enorme distancia, marcada por ilegalidades e incapacidades profundas. Existe, además, el riesgo de que Venezuela continúe reproduciendo el esquema de los «bolichicos», cada vez más semejante al de la Rusia de finales de los años noventa. Una reducida clase de millonarios frente a un país sumido en el empobrecimiento.
Corresponderá a los expertos petroleros y a los economistas estudiar los alcances de lo anunciado, y a los historiadores revisar los antecedentes de acuerdos semejantes: el Protocolo Rojas-Pereire de 1879, las concesiones gomecistas, el Plan Rockefeller o las concesiones otorgadas por la dictadura de Pérez Jiménez en 1956. Por ahora, lo único que sabemos es que la administración estadounidense se empeña en encarnar todo aquello que siempre le han reprochado sus mayores críticos. El chavismo, por su parte, se empeña en convertirse en todo lo que aseguró que sería la oposición, cuya llegada al poder decía impedir para «proteger» a Venezuela, aun a costa de violar los derechos humanos y desconocer la soberanía popular.
La situación nos obliga a alcanzar acuerdos como sociedad, impulsar una democratización real y recuperar nuestra soberanía, entendida como el ejercicio conjunto de la autonomía y las libertades. De no hacerlo, seguiremos sujetos a las circunstancias y a las conveniencias de otros, en lugar de actuar conforme a nuestros propios intereses. El panorama no es el mejor, pero quedan dos preguntas en el aire: ¿qué validez futura podrá tener cualquier acuerdo suscrito con el régimen que hoy gobierna Venezuela? ¿Y cuál será el estado del planeta cuando termine Trump su mandato el 20 de enero de 2029?