Caracas Chronicles

Las transiciones políticas exitosas son como esas películas con un final inesperado, pero explicativo de todo el curso de la historia: solo se entienden un tiempo después de haberse completado. Es entonces cuando se conocen las razones por las cuales se fracturó el régimen, las motivaciones que tuvieron los antiguos del poder para entregarlo progresivamente a determinados sucesores, o los rasgos de la personalidad de cada uno de los actores antes enfrentados que permitieron que se entendieran a pesar de las diferencias.

Gracias a esos descubrimientos ex post facto se puede entender el desenlace, y decir que el éxito de esa transición se debió a que eran esas personas en particular las que “negociaron” una ruta para llegar a un proceso transicional. Tiene que haber calma para analizar el proceso si se quiere entender por qué los actores tomaron decisiones que podían ser consideradas como inconstitucionales o ilegales, o arriesgadas o torpes desde el punto de vista político.

El ejemplo español: la Ley para la Reforma Política

Cuando el joven rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno de España en 1975, la conclusión prácticamente unánime fue que había cometido un grave error político. Luego la historia demostró que el rey tenía la información y perspicacia política para saber que esa era la persona adecuada, como efectivamente lo fue.

Juan Carlos I había tomado la jefatura del Estado al morir Francisco Franco, como lo había dispuesto el mismo dictador. La jefatura del Gobierno siguió en manos de Carlos Arias Navarro. La decisión política del rey fue que el propio régimen desmantelara al régimen. Para ello se apoyó en Torcuato Fernández-Miranda, quien había sido su profesor de Derecho Político, y a quien nombró como Presidente de las Cortes (el Parlamento nacional), del Consejo del Reino y del Consejo de Regencia; y en Adolfo Suárez, un joven político que con el apoyo del rey y de Fernández-Miranda fue escalando rápidamente dentro del régimen, para convertirse en el primer jefe de Gobierno luego de la renuncia (promovida sutilmente por el rey) de Arias Navarro.

El nombramiento de Fernández-Miranda fue recibido en algunos sectores con frustración, porque se le veía como un fiel continuador del régimen, si bien él estaba convencido de que había que ir a un proceso de transición política. Pero esa convicción personal de él no era suficiente para que los sectores más conservadores del régimen le dieran un voto de confianza.

La decisión inicial del rey de mantenerlo en la presidencia del Gobierno estaba fundamentada en una visión práctica del proceso: aunque el rey sabía que Arias Navarro no estaba en condiciones de llevar adelante la transición, era preferible mantenerlo al frente del gobierno a la muerte de Franco, para garantizar la estabilidad política y militar en esa etapa inicial.

La decisión de Juan Carlos I de designar como presidente del Gobierno al relativamente desconocido Adolfo Suárez causó auténtico estupor en el franquismo, por la desconcertante selección. Sólo años después es que pudo calibrarse como lo fue: una medida pertinente y trascendental para que el proceso de transición tuviera el éxito que tuvo.

Un elemento común de los tres personajes es que, a su manera, pertenecían al franquismo. Pero, aunque no lo podían anunciar tan públicamente, pensaban que había que ir a una transición que iniciara dentro del propio régimen, mediante una serie de actos institucionales que fueran desmontando la “institucionalidad franquista”. La intención del rey y del presidente de las Cortes (el Congreso) era lograr la transformación política a través de la reforma de las leyes vigentes. Es decir, utilizar el ordenamiento jurídico del franquismo para desmontar institucionalmente al franquismo.

En este caso fue determinante la Ley para la Reforma Política el 17 de diciembre de 1976, ideada por Torcuato Fernández-Miranda a solicitud del rey y de Suárez. En resumen, la Ley deroga las siete leyes fundamentales que sostenían institucionalmente al franquismo y abrían las puertas a una nueva legalidad que enmarcara el proceso transicional. Para ello, se fundamentó en la Ley de Sucesión de 1947, dictada en pleno desarrollo del franquismo. 

En el momento, naturalmente, hubo desconfianza en el proceso, porque algunos sectores cuestionaban que el proceso podía terminar en una forma de reinstitucionalización del franquismo. 

En todo caso, conviene aclarar que el caso español pudiera tener algunas similitudes, pero también grandes diferencias con lo que pudiera ser la transición en Venezuela.

La reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Ayer se aprobó en la Asamblea Nacional la reforma puntual del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Como señalamos en este otro artículo, la reforma lleva el número de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23, pero lo más relevante es que esos dos miembros adicionales vendrían de la sociedad civil.

El proyecto fue cuestionado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que, con razón, señaló que la reforma es inconstitucional, porque conforme al artículo 270 de la Constitución el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar “integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”. La interpretación correcta de la Constitución es que, ciertamente, el Comité no debería estar integrado por diputados.

Pero esa reforma puntual es lo que se logró pactar. Parece poco, y está a la vista el cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la reforma, pero como también argumento en este artículo, podría ser el primer paso institucional y legal que dan las autoridades interinas hacia un proceso transicional verdadero.

Eso no lo podemos saber hoy. Lo que hoy sabemos es que la reforma puede parecer puntual y su validez cuestionable. Solo si ocurre en efecto la transición podremos calibrar la importancia de este primer pequeño paso.

Según se ha anunciado, la segunda ronda presencial de negociaciones ocurrirá entre el 15 y el 20 de septiembre, y estará centrada en la discusión de la restitución de las garantías políticas, civiles y electorales.

En resumen, las transiciones políticas complejas, como la nuestra, son caminos tortuosos. Hay que trabajar con actores políticos del régimen saliente, hacer concesiones desagradables, trabajar con la legislación y la institucionalidad del régimen, para desmontarlo. 

Al momento inicial de la transición, cuando el proceso está lleno de ese tipo de decisiones y concesiones, es difícil entender cómo esas decisiones pueden terminar favoreciendo la transición.

Pero cuando las transiciones son exitosas, con el tiempo muestran la asertividad de bastantes de esas decisiones.